Lo dijo varias veces, la última la semana que pasó: llamar el servicio de emergencias policiales 911 es, para el Gobernador Daniel Scioli, la mejor “arma simbólica” que tiene la gente para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, en servicio no funciona en la mayor parte del interior de la provincia, justo donde se están dando las mayores protestas por la ola de delitos.
El 911 nació hace cuatro años como una de las grandes apuestas estratégicas del entonces ministro de Seguridad, León Arslanián, para mejorar y, detalle no menor, controlar el accionar de la policía. Es que el call center policial no sólo hace más eficiente la alerta a los patrulleros, sino que allí queda todo grabado, por lo que el accionar de la fuerza puede ser fácilmente chequeado por las autoridades.
Con ese esquema, el servicio logró importantes mejoras en el tiempo de respuesta a las emergencias policiales: la gente llama y, en muchos casos, los patrulleros logran llegar cuando el delito está aún en curso. Por eso, el 911 se convirtió por estas horas en la principal respuesta de Scioli cuando le preguntan por respuestas concretas para combatir la inseguridad.
Sin embargo, las apelaciones del Gobernador –y del coordinador general de la Policía, Daniel Salcedo- suenan a burla en vastas zonas del interior de la provincia de Buenos Aires, donde el 911 no es más que una promesa repetida desde que el servicio se puso en marcha, primero en La Plata y luego en otros distritos, hace ya algo más de cuatros largos años. De hecho, la central de emergencias opera solamente en la capital provincial, el primer, segundo y tercer cordón del Conurbano.
Los límites son Mercedes al oeste, Zárate Campana al norte y Magdalena al sur. En el interior, hay 911 en Mar del Plata, el Partido de la Costa, Necochea y Bahía Blanca, donde en realidad el servicio está a cargo del Municipio. Con todo, sólo la central de La Plata respeta el diseño original, importado de Estado Unidos, de funcionamiento con operadores civiles que garantizan que no habrá complicidades con los efectivos en el terreno para encubrir ineficacias o corrupción.
En el resto de la Provincia, los ciudadanos deben contentarse con el viejo sistema de 101, que conecta directamente al operador que recibe la llamada y ejerce las funciones de des- pachador, es decir, es él mismo el que se contacta con los policías que deben atender la urgencia. Justamente lo que se quería evitar cuando Arslanián puso en marcha el nuevo sistema de emergencias. Presupuesto, sin embargo, no falta: el Estado pagó a Telefónica, sólo en concepto de canon por el sistema in- formático con que opera el $911, 41.540.000 millones en 2006 y el año pasado
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