Los miembros de la llamada “banda de los comisarios” fueron sentenciados por tolerar la existencia de un desarmadero y de un burdel en la localidad de Rufino, además de dejar una zona liberada a cambio de dinero. Los inhabilitaron para ejercer como policías por el doble de tiempo de sus condenas.
Quien comandaba esa organización mixta de uniformados y civiles, según un reciente fallo de la Sala I, era el mecánico Oscar Abelardo Arias, un hombre hemipléjico que desde su silla de ruedas regenteaba el burdel Los Pinos y estaba vinculado al negocio de los desarmaderos. Cuando ocurrieron los hechos ahora juzgados estaba imputado en otra causa penal por la que debía cumplir arresto domiciliario. Sin embargo, según se demostró, violaba recurrentemente su detención con el consentimiento de los policías.
Por liderar ese grupo delictivo, participar en cinco robos y tres hurtos, Arias había sido condenado a 6 años de prisión que se convirtieron en 15 años de encierro al unificarse con una condena previa por intento de homicidio. Ahora, el tribunal rosarino integrado por Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino le redujo en un mes el tiempo de detención al absolverlo por el robo de una lona de camión y una rueda de auxilio.
Esa es la única modificación que los camaristas dispusieron respecto del fallo que en julio de 2006 había dictado el juez de Sentencia de Melincué, Fernando Vidal.
Como organizadores de la asociación ilícita también fueron condenados dos policías: el comisario Jorge Ramón Villalba y el ex comisario de Wheelwright oficial Eduardo Enrique Pighín, y mantenían un “pacto de impunidad” con Arias para tolerar sus actividades delictivas. Por esa sociedad, su participación en cinco robos e incumplimiento de sus deberes de funcionarios, a Villalba le impusieron 5 años y medio de prisión. A Pighín le dieron 3 años y medio.
División del trabajo.
De acuerdo con el fallo, las tareas en la asociación estaban bien repartidas. Arias se ocupaba de organizar los golpes y descargaba su ejecución en tres personas que trabajaban para él: Oscar David Clavero y los mellizos Sergio y Diego Armando Lopetegui, todos ellos condenados a 3 años de prisión efectiva.
Villalba y Pighín, por su parte, se ocupaban de no investigar esos delitos con la colaboración de tres subordinados: los oficiales Juan Carlos De Inocenti, Rubén Darío Pérez y Angel Ernesto Vaños, a quienes también les dieron 3 años de prisión efectiva. Al igual que los civiles que obtuvieron la misma pena, están en libertad condicional.
Con esa distribución de funciones, trabajaban en “una pluralidad indeterminada de delitos” como robos, hurtos a viviendas, hurto de semillas, proxenetismo, encubrimientos, compraventa de objetos robados y robo de ganado, según se enumera en la sentencia.
A los hombres de Arias les adjudicaron una seguidilla de robos menores que los policías implicados fueron acusados de no investigar: la sustracción de una bomba inyectora de un camión, de una bomba eléctrica de una casa quinta, de un equipo de música de una escuela, de otro centro musical de una casa y, en el hecho más resonante, el robo de repuestos, muebles y herramientas de la concesionaria de autos Alfa, en 2003.
Ese atraco dejó en evidencia el accionar de la banda.
Es que entonces Sergio Lopetegui fue detenido en pleno robo por efectivos ajenos al negocio y confesó ante la Justicia que robaba para Arias, que tenían un arreglo con la comisaría y que a la hora de la cena de los policías, entre las 21 y las 23, dejaban la zona liberada para delinquir. Y aportó un dato curioso: buena parte de las autopartes robadas en Alfa que habían quedado secuestradas en la comisaría luego fueron trasladadas la casa de Arias.
“En esa oportunidad me manda Oscar Arias con dos muchachos más a sacar repuestos de la agencia. Nos dijo que estaba todo conversado con la policía de Rufino, o sea con Villalba y la gente que patrullaba la calle. Nos agarra una patrulla.
Los muchachos se escapan y me agarran solamente a mí con los repuestos cargados en una chata. Me llevaron a la comisaría. Después me largaron y me fui a dormir. Al otro día, cuando fui a la casa de Arias, me encuentro con todas las cosas allí. Arias me responde que habían llegado a un acuerdo y que no había problemas”, admitió.
La novia de uno de los hermanos Lopetegui, quien trabajaba en el prostíbulo regenteado por Arias, contó que su jefe “arreglaba con la policía” y que en el negocio estaba involucrado el comisario Villalba. En un allanamiento a la casa de Arias se secuestró buena parte de los objetos robados.
En el cabaret, por ejemplo, estaba a la vista el equipo de música sustraído de la escuela. Y se constató que Villalba, Pighín y el sumariante De Inocenti visitaban el local con asiduidad. Pese a esa concurrencia habitual, para los camaristas resultó llamativo que no se registrara ninguna inspección oficial en Los Pinos.
En contacto.
Los teléfonos de estos efectivos no sólo figuraban en la agenda de Arias sino que las comunicaciones telefónicas entre ellos eran fluidas. “Todos sabían que la policía protegía a Arias y lo dejaban deambular”, contó otra trabajadora sexual que veía a esos oficiales frecuentar el lugar.
Los jefes de la comisaría 3ª, para el tribunal, “fueron dolosamente deficientes en la investigación al dejar incólume a Arias. Debieron actuar contra él y no lo hicieron”. A Arias, detallaron, “era común verlo conducir su auto preparado para discapacitados violando la detención domiciliaria”.
Respecto de los policías Vaños y Pérez, ambos de la Brigada de Investigaciones, remarcaron que “concurrían asiduamente al domicilio de Arias, quien les entregaba dinero”. Y que en una ocasión le avisaron por teléfono al líder de la banda que un médico forense iría a su domicilio a constatar que cumpliera con su arresto.
Instructores del caso Fraticelli
Jorge Villalba y Eduardo Pighín, los titulares de la comisaría 3ª de Rufino condenados como organizadores de una asociación delictiva de policías y ladrones, dirigían la seccional cuando ocurrió la muerte de Natalia Fraticelli el 20 de mayo de 2000.
Villalba, de hecho, fue quien labró el acta por la muerte de la adolescente. En 2006, al recuperar la libertad luego de un fallo de la Corte Nacional que anuló la confirmación de su condena, el ex juez Carlos Fraticelli acusó a esos efectivos de haberlo implicado en el crimen con una investigación defectuosa.
“Hicieron una investigación desastrosa. El día 20 de mayo Villalba fue en la ambulancia con el cuerpo de Nati al Instituto Médico Legal.
El le dijo al médico que hizo la autopsia, (Luis) Petinari, que se trataba de un asesinato y que Natalia fue estrangulada”, cuestionó en sus declaraciones el padre de la adolescente, condenado en primera instancia a prisión perpetua junto a su esposa. (La Capital)
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