El objetivo es investigar todos aquellos delitos cuyo bien jurídico protegido sea el medio ambiente.
Las unidades fiscales realizarán, durante la investigación todo tipo de inspecciones y colección de delitos probatorios. Además, los agentes fiscales podrán realizar las diligencias sin previa notificación o comparendo de los imputados, bastando la presencia de testigos del acto.
Por último, la ley prevé que las unidades fiscales ambientales podrán interactuar y coordinar actividades con organizaciones públicas y aquellas privadas con actuación en la defensa del medio ambiente que resulten debidamente reconocidas.
Antes del tratamiento, el autor del proyecto, Juan Zitti (Frente para la Victoria), había explicado, que »es necesario que haya una Justicia Penal Ambiental, ya que no hay una autoridad fuerte en la Provincia (sobre esa problemática). El Estado no cumple con su función de contralor, sólo interviene ante las emergencias y es necesario que estos problemas estén arriba en la agenda pública».
«En la actualidad hay 30 mil industrias declaradas en el territorio, y basta con ver el presupuesto que se le asigna a la Secretaría de Política Ambiental para advertir que el personal es insuficiente. Eso genera que haya una intervención posterior al daño, cuando tendría que haber un poder sancionatorio inmediato», apuntó.
En otro orden, el diputado Zitti, manifestó que «las fiscalías no están preparadas para tratar las denuncias de delitos ambientales ya que requieren de conocimientos específicos, peritos y recursos adecuados, como por ejemplo, laboratorios».
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