El Fiscal Federal Juan Patricio Murray y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidieron que Mastandrea fuera detenido e indagado por privación ilegal de la libertad y tormentos, en una causa en la que el Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso ya indagó y procesó a los coroneles Manuel Fernando Saint Amant y Carlos Diego Ricardes, a quienes también les reprochó la de- saparición de varias de las víctimas.
Los secuestrados tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados del Colegio Don Bosco de San Nicolás.
En un memorando dirigido al general Carlos Suárez Mason, Saint Amant afirmó que allí funcionaba con protección del obispo Carlos Ponce de León, quien poco después fue asesinado en un falso accidente carretero, “un grupo juvenil en cuyo seno se refugia una célula montonera, que actualmente es investigada”.
Dos decenas de ex alumnos del Don Bosco fueron secuestrados y nunca volvió a saberse de Gerardo Cámpora, Carlos Farayi, las hermanas Rosa Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Aristides Martínez, Regina Spotti, María Rosa Baronio, Jorge Luis Reale y Carlos Alberto Grande.
En cambio otros recuperaron su libertad luego de ser torturados en la Comisaría de Junín, donde funcionaba un Campo Clandestino de Concentración, dependiente de la Subzona de Seguridad 13.
Ellos declararon que en los interrogatorios participó un oficial Mastandrea y en la causa se encuentra acreditado que entre abril y junio de 1977 el ahora asesor de la Coalición Cívica Edgardo Mastandrea tenía destino en la Comisaría de Junín. Su eventual candidatura sería impugnada por organismos defensores de los derechos humanos
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