Ese incremento genera dudas y temores en la población, que convive con enormes torres en medio de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires se está trabajando en la relocalización de las antenas, ya que el 20 por ciento no cumple con los requisitos de la resolución 144 de marzo de este año.
En el país, el número de celulares pasó de 18 millones a mediados de 2005 a algo más de 36 millones en la actualidad: casi uno por argentino. Paralelamente, de las 17 mil torres que había hace dos años se pasó a unas 23.800, según datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Es decir, creció un 40 por ciento en 24 meses. De ese total, unas 5.200 están ubicadas en territorio bonaerense. Cabe aclarar que por cada torre pueden montarse varias antenas.
Desde la Secretaría de Política Ambiental (SPA) bonaerense están trabajando con los municipios y las empresas para que las torres que infringen la normativa sean reubicadas. Aunque se prefiere acordar en buenos términos y evitar, por el momento, llevar los casos a la Justicia para que no se retracen los cambios de lugar. Sobre todo, la preocupación pasa por las antenas que se ubiquen en un radio menor a 100 metros de hospitales, centros de salud, geriátricos, jardines de infantes y escuelas. En este caso, las empresas deben presentar un estudio que demuestre la necesidad de adopción de la localización propuesta.
Tal es el caso de Olavarría, donde los vecinos exigen desde hace dos años la relocalización de la torre instalada en el predio del Hospital Municipal. “Presentamos una carta documento al municipio y otra a la empresa intimándolos a que retiren la antena”, aseguró a DIB Carlos Genson, vecino de Olavaria quien se mostró preocupado por los efectos nocivos que puede provocar la exposición continua a radiaciones no ionizantes.
Genson explicó además que el año pasado “hicimos una presentación en la Defensoría del Pueblo de la Nación que ya se expidió sobre el tema y le hizo un exhorto al municipio para que relocalice la antena, a la Provincia la acusa de infringir una ley y a la empresa se la culpa por no realizar la habilitación pertinente”.
Si bien, las pruebas sobre radiaciones no ionizadas, con los niveles predefinidos, no aseguran que la población se vea afectada, tampoco indican que no haya efectos bajo largas exposiciones.
Por ello desde la Consultora Federal de Telecomunicaciones consideran fundamental definir y medir los “puntos calientes” –aquellos sitios en los que se da una concentración mayor de radiaciones, por ejemplo una torre en la que hay más de una antena- y aplicar métodos de medición repetitiva y periódica que permita generar una base estadística con mapas de radiaciones y zonas protegidas.
SECTORES VULNERABLES
Por su parte, Pedro García Palma, asesor legal de los vecinos de Junín que en 2006 hicieron posible que se inicie una investigación judicial por los efectos nocivos de las antenas, informó a esta agencia que “la causa está parada, no se cambió nada y Junín sigue teniendo cada vez más casos de cáncer; en las cuatro manzanas que rodean una de las antenas registramos 40 casos”. En Junín hay tres antenas y todas ubicadas en lugares públicos: el patio del club de la ciudad, el Hospital Regional y frente a un hogar de ancianos. Según la última reglamentación los niños y ancianos son los sectores más vulnerables.
Asimismo el subsecretario de gestión ambiental de Bahía Blanca, Eduardo Conghos, informó a esta agencia que en abril se notificó a las empresas de telefonía celular para que completen la documentación con la ubicación de las antenas –80 en total en el distrito- y un estudio de impacto ambiental, pero cuesta mucho que se pongan en regla y tenemos muchas sin registrar”.
Conghos considera que los límites legales de radiación son tan altos que es muy difícil que una empresa infrinja la ley en ese sentido y aseguró: “Hay que modificar los límites, como ya se hizo en otros países, porque un máximo de 300 kilohertz en nivel de radiaciones emitidas por una antena es demasiado alto y fue determinado en base a estudios de la década del 80”.
En el Partido de la Costa la problemática, según denuncian los vecinos, es alarmante. Claudia Bodeman de la ONG Ambiente Mar aseguró que en esa localidad las “antenas se colocaron indiscriminadamente”, y si uno reclama ante el Municipio “no sólo no cuentan con estudios de impacto ambiental, sino tampoco tienen registro del número que hay”. Esta agencia intentó sin suerte que la secretaría de Política Ambiental local diera los datos. Un ejemplo, según contó Bodeman, es la torre de más de 150 metros que existe a unas 10 cuadras del palacio municipal y que pertenece a la empresa de telefonía que suministra los aparatos a todos los funcionarios de la comuna.
También en Tandil existe una gran preocupación por la falta de registros y por ello desde el Consejo Deliberante se elevó al ejecutivo local el expediente que contiene la denuncia por el control y la ubicación de tres antenas dentro del casco urbano.
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