En principio, de los municipios de la Segunda Sección Electoral, San Pedro y Pergamino parecen encabezar el ranking de irregularidades. Recordar que en agosto de 2004 la Municipalidad de Pergamino fue allanada y los agentes de la Policía Federal retiraron numerosos legajos.
Cabe destacar si no existen pruebas de firmas falsificadas todos son presuntos autores del delito de estafa contra la Administración Pública. La “estafa” está descripta en el artículo 172 del Código Penal y prevee penas que van desde un mes a seis años, de acuerdo a su gravedad. Cuando esa “estafa” se perpetra contra la Administración Pública, la sanción se agrava, tal como lo dispone el artículo 174 inciso 5º, que considera el agravamiento de la pena estipulándola en dos años como mínimo y no excar- celable.
En Colón
En Colón el Municipio manejó 1200 Planes Jefes y Jefas de Hogar y es considerado en la Segunda Sección Electoral junto a San Nicolás uno de los más ordenados –según una fuente de la investigación-
Sin embargo existe tres casos de presunto cobro doble de empleado y de Jefes de Hogar.
El hecho correspondió al periodo anterior al actual gobierno de Ricardo Casi.
Como se recordará la Municipalidad fue allanada y los agentes del Ministerio del Interior fueron atendidos en el despacho del Asesor Legal Comunal que procedió a cumplimentar la demanda del Juez Ruzo y además firmar las respectivas actas. Los empleados pertenecerían a la planta permanente. El Decreto Presidencial Nº 565/02 es muy claro.
Para poder acceder a un plan Jefes y Jefas de Hogar el postulante debe carecer de empleo, algo que no habrían cumplido los tres empleados que cobraban sueldo municipal por un lado y los planes sociales en el Banco Provincia de Buenos Aires.
La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI SES) a cargo del fiscal Guillermo Marijuán, que habría librado al magistrado Villafuerte Ruzo un oficio con el pedido de secuestro de los legajos en la Municipalidad de Colón.
La investigación en los 134 municipios comenzó en setiembre de 2003.
En ese momento se procedió al cruce de información con organismo del Estado sobre 4000 empleados públicos que en distintos municipios cobraban sueldo y además el subsidio.
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