Las nuevas facultades para el recaudador Santiago Montoya son en realidad un respaldo legal a una práctica que se ya se lleva a cabo: la determinación de multas a los contribuyentes que realizan mejoras en sus propiedades sin declararlas al fisco, utilizando para detectar esas obras fotos satelitales. Para eso, Rentas utiliza el popular programa de computación “Google Earth”.
Además, el fiscal provincial obtuvo la venia para prorrogar hasta abril del 2008 los planes de regularización de pagos de los deudores impositivos actualmente vigentes.
Los contribuyentes con deudas impagas que hayan derivado en pedidos de embargos sobre sus propiedades, podrán conservar sus propiedades, siempre y cuando se trate de viviendas únicas. “Además, deberán acreditar que su condición socioeconómica es extrema, lo que se certificará a través de un informe ambiental gratuito que realizará la Provincia”, explicó el diputado Nicolás Dalesio, presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos.
Por otra parte, la norma, que había sido aprobada hace 20 días en el Senado, eleva del 3 al 6 por ciento la alícuota de Ingresos Brutos sobre la venta en comisión de autos nuevos. Se trata de las operaciones que se hacen por fuera de las concesionarias, cuando un particular encarga a un tercero la venta de un automotor.
»La comercialización de automotores se ha manifestado como uno de los rubros con expectativas de lograr mayor crecimiento», sostuvo el Poder Ejecutivo en los fundamentos del proyecto para retornar a la alícuota del 6 por ciento que había sido rebajada a la mitad hace unos años para incentivar esa actividad.
La norma contempla también beneficios impositivos para los sectores del transporte ferroviario y aéreo de pasajeros, a los que se le reduce la alícuota de Ingresos Brutos del 3,5 al 1,5 por ciento.
Finalmente, se estableció la exención del impuesto de sellos, para favorecer la propuesta de modernización del Parque de Generación de Centrales de la Costa. Se trata de un convenio acordado entre el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Provincia y la empresa Centrales de la Costa S.A, cuyo paquete accionario corresponde en su mayoría al Estado bonaerense.
Ese proyecto -señaló el diputado Dalesio- se inserta en el programa energético nacional y tiene como fin instalar nuevas unidades de producción para cubrir la sostenida demanda eléctrica, provocada por la evolución del sector industrial, agropecuario y turístico.
Se pretende, con ese precepto, contribuir a reducir los costos que puedan incidir en las familias y en la economía, favoreciendo también la creación de puestos de trabajo.
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