(DIB) La campaña está prevista en un convenio recientemente firmado por el ministro de Seguridad León Arslanián con la ONG de Brasil «Viva Río» -que coordina el proyecto «control de armas de fuego» en ese país- y la Universidad de San Andrés, mediante el cual se acordó «diseñar, planificar, implementar y evaluar acciones en el marco del plan estratégico institucional, vinculadas a las actividades de de-
sarme».
Asimismo, el programa provincial será lanzado de manera coordinada con el plan de entrega voluntaria de armas lanzado en setiembre del año pasado por el gobierno nacional que aún no comenzó a funcionar porque todavía no fue reglamentada la ley.
Ese plan de desarme nacional determina, entre otras cosas, el pago de una compensación monetaria de entre 100 y 450 pesos a quienes acepten entregar sus armas de fuego para su destrucción; modelo que adoptará la Provincia.
Pero a pesar de que todavía no se está aplicando, entre setiembre del año pasado -cuando se anunció el programa nacional de desarme voluntario- y abril de este año ya habían sido entregadas casi 3.000 armas de manera voluntaria al Registro Nacional de Armas (Renar).
De ese total, casi el 60 por ciento fueron entregadas por viudas y ex esposas de legítimos usuarios.
Campaña Provincial
En este marco, la provincia de Buenos Aires decidió avanzar ahora con su propia campaña de entrega voluntaria de armas de fuego, para lo cual previamente se realizarán reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional y el Renar para coordinar acciones en el marco del plan anunciado en setiembre del año pasado.
El ministro Arslanián confirmó que la Provincia está trabajando en la organización de la campaña de entrega voluntaria de armas y afirmó que «lo importante es que podamos lograr que la gente se desarme».
La campaña provincial de entrega voluntaria de armas, además, está prevista en el convenio que Arslanián firmó el mes pasado con la ONG «Viva Río», encargada de coordinar el programa de de-sarme en Brasil.
En ese país, el proceso de desarme comenzó hace poco más de diez años e incluyó una campaña de entrega de armas de fuego que contempló una compensación financiera.
Ese proceso se fortaleció en diciembre de 2003, con la sanción en el Congreso de Brasil del «estatuto del de- sarme» como herramienta para encarar esta problemática. Ese mecanismo legal prohibió la portación de armas en la calle, limitó el tema de las licencias y prohibió la venta de armas a menores de 25 años.
Convenio
El gobierno bonaerense, a través del ministerio de Seguridad, firmó un convenio con la ONG «Viva Río» de Brasil y la Universidad de San Andrés, mediante el cual se impulsa el desarme de la población civil, por considerar que «la problemática asociada con la proliferación de armas de fuego y su mal uso, requiere la implementación de políticas y legislación acordes a los movimientos que a nivel internacional y del Mercosur se encuentran en desarrollo desde el año 2002».
En los fundamentos del convenio se destaca que «los estragos causados por este flagelo son soportados principalmente por los sectores sociales de más bajos ingresos y, en especial medida, por la franja que estaría configurada por los jóvenes más vulnerables a los riesgos sociales». Por eso, el convenio apunta a «unir esfuerzos y generar acciones con el propósito de preservar la integridad de la ciudadanía a través de acciones que tiendan a de- salentar el uso y proliferación de armas de fuego y, a su vez, crear una conciencia social cuyo eje central gire en torno al valor de la vida».
En ese marco, se acordó la realización de un congreso provincial de foros de seguridad por el desarme; la investigación, recopilación, organización y análisis de datos; y la implementación de una campaña provincial de entrega voluntaria de armas de fuego.
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