El tribunal de familia número 2 de Lomas de Zamora accedió por "justos motivos" a la demanda planteada por Ana Rita Laura Pretti Vagliati, hija del comisario bonaerense ya fallecido Valentín Milton Pretti, alias "Saracho", quien según ella le contó que "en un operativo tuvo que matar a un bebé".
En su fallo, al que tuvo acceso DyN, los jueces María Almeida, Liliana Vicente, y José Imperiali ordenaron que la mujer puede reinscribirse en el Registro Civil como Ana Rita Laura Vagliati y dispusieron que se le otorgue nuevo documento nacional de identidad con aquella seña de filiación.
La mujer, actualmente de 35 años, trabaja de periodista y en 2005 había planteado: "Soy la hija de un torturador. Por eso quiero cambiarme de apellido. Quiero terminar con este linaje de muertes porque no acepto ser la heredera de todo ese horror. Los apellidos son símbolos y el mío es uno muy oscuro, lleno de sangre y de dolor".
"Saracho" falleció en 2005 a los 72 años, y su esposa murió en 1998. Nunca estuvo procesado ni detenido: en 1986 lo fueron a arrestar y se fugó, pese a lo cual la Policía Bonaerense le otorgó el retiro, pero en 1987 recibió la amnistía dispuesta por la Ley de Obediencia Debida.
En los archivos de la CONADEP figuran los antecedentes de Pretti como miembro destacado de la 'patota' del entonces jefe de la Policía Boanerense, general Ramón Camps, ya fallecido; que también formaban el Director de Investigaciones, comisario Miguel Etchecolatz; el cabo Norberto Cozzani, y el médico policial Jorge Bergés, todos ellos hoy detenidos.
Entre otros destinos en la represión ilegal, "Saracho" ocupó la jefatura del Comando Operativo Táctico 1 de la localidad de Martinez, donde funcionó el centro clandestino de detención "COTI Martínez" y también actuó en los otros conocidos como "Pozo de Banfield"; "Pozo de Quilmes", y "Puesto Vasco".
En su fallo los jueces tuvieron presente la pericia psicológica aportada por Ana Rita en el expediente judicial 24.339, con la asistencia del abogado Germán Córdoba Ríos, y reseñaron "el inmenso sufrimiento que ha padecido durante todos éstos años, afectando su salud psíquica".
"El peso negativo del apellido la coloca en dificultades de orden subjetivo para crear y sostener relaciones con sus pares al sentir que debe permanentemente dar explicaciones, limpiar las marchas del horror que es su apellido", consignaron.
Para los magistrados "se encuentran objetivamente afectados derechos de raigambre constitucional como la dignidad, el honor, la salud, el trabajo y el desarrollo personal, con un hondo desmedro de la personalidad de la actora", estableció el tribunal.
"Desde lo vital de la peticionante se advierte que llevar el apellido paterno es un estigma que atraviesa su vida como una tragedia siempre presente", señalaron.(DIB).
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