Concretamente, para sustentar el pedido, exigieron que se cumpla con la ley mediante la cual se creó la denominada tasa al gasoil en 2001, que contempla la creación de un fondo fiduciario para mejorar “la situación por la que atraviesan muchas rutas de la Argentina”.
Uno de los objetivos principales de la mencionada norma fue eliminar las cabinas de peaje que, según la Conaduv, “tantos perjuicios económicos han producido”. Sin embargo, los aportes que vienen realizando los usuarios viales y el sector de la producción, “son destinados a otras finalidades del Estado”.
De esta forma, lejos de eliminarse los peajes, tal como estaba previsto en la ley que dio origen a la tasa al gasoil, desde Conaduv aseguran que se están creando nuevas garitas en distintas rutas, como acaba de ocurrir en la ruta nacional n° 8 que une las localidades de Pilar y Pergamino. “Esto implica un aumento encubierto de aproximadamente el 250 %, para los usuarios”, dijeron desde la Conaduv.
Entre otras entidades, este comité de usuarios viales está integrado por el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia), Coninagro, Cámara Empresaria de Trans porte de Pasajeros de Larga Distancia; Federación Agraria Argentina (FAA); Federación Centro y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales; Confederación del Transporte Automotor de Cargas; Confederación General Económica; Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios; Comisión Auto- convocada Ciudadanos Perjudicados de Chascomús; Asociación Pequeños y Medianos Empresarios Viales; y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).
Tarifas ilegales
Eso no fue todo. Jorge Lasca, coordinador de la Conaduv y presidente de Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos, aseguró que las tarifas que se están cobrando en las rutas 2 y 11 “son ilegales”, por lo cual consideró que las empresas que están a punto de abandonar la concesión “no deberían recibir un sólo centavo de indemnización”.
Actualmente, en la ruta 2 existen dos estaciones de peajes: Samborombón, donde los autos categoría 1 abonan $5,20; y Maipú, $ 2,90. En tanto, la ruta 11 tiene tres peajes: Gral. Conesa, $ 4,60; General Madariaga, $1,95; y Mar Chiquita, $ 2,30.
La respuesta de la Provincia no tardó en llegar. El ministro de Infraestructura bonaerense, Eduardo Sícaro, afirmó que las “tarifas que se cobran actualmente son 50% menores a los que se cobraban en la década pasada”, ya que fueron rebajadas durante el gobierno de Carlos Ruckauf.
La Provincia está negociando la salida de las empresas Covisur y Caminos del Atlántico del manejo de ambas rutas, y podría otorgar una concesión unificada a una sola firma. Uno de los grupos empresarios interesados en ingresar al negocio es el que lidera Eduardo Eurne- kián. Lasca explicó que la ley provincial nº 9.254, que autoriza el otorgamiento de concesiones de obras con peaje, señala que el Poder Ejecutivo Provincial tiene dos requisitos que debe cumplir en lo que se refiere a la tarifa de peaje.
A saber:
1) La tarifa no debe superar el beneficio económico del usuario, que puede medirse a través de estudios de ingeniería económica de transporte. 2) Si aun cumplido lo anterior, dicha tarifa produce una rentabilidad irrazonable para el concesionario, también deberá reducirse, para propiciar el máximo beneficio remanente para el usuario.
En ese sentido, Lasca argumentó que, desde el año 1992, el Cadia viene solicitando por distintos medios “copia del estudio técnico-económico que fundamente las tarifas de peaje que se están cobrando en las rutas provinciales n° 2 y 11, a fin de poder verificar y comprobar si se cumple con la ley 9.254. La respuesta al día de la fecha no ha sido concretada y los estudios solicitados no fueron proporcionados por las autoridades correspondientes”.
En ese sentido, el titular del Cadia argumenta que en la actualidad la función principal de un camino, que es la de generar riquezas o beneficios económicos, “no se cumple, logrando así generar pérdidas que perjudican no sólo al sector agropecuario, sino a toda lo comunidad en su conjunto”.
Y pone como ejemplo un informe elaborado por la facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que sostiene: “Según los estudios disponibles sobre ahorro de usuario, las inversiones previstas se hacen insuficientes para alcanzar un estado de los caminos compatible con la reducción de los costos de operación de los vehículos, en un monto tal que compense la tarifa de peaje a pagar.
Expresado de otra manera, no se está alcanzando la efectiva reducción de los costos de transporte, promovida por la ley de peaje y enunciada como principal objetivo de las concesiones”. (Fuente Hoy)
| 
