Sastre.- Un informe de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario advierte sobre la existencia de estudios toxicológicos recientes que indican que el glifosato, una sustancia que se utiliza para formular herbicidas, fue "erróneamente catalogado como toxicológicamente benigno, tanto a nivel sanitario como ambiental". El contenido del escrito atiende a un pedido realizado por el Concejo Municipal de Roldán al Laboratorio de Toxicología Experimental, dependiente de la mencionada casa de altos estudios, cuyo texto fue remitido en noviembre último a este cuerpo deliberativo.
La solicitud de los concejales Gustavo Renz, Ricardo Martín y Erica Ugarte fue canalizada para ampliar los conocimientos respecto del "uso, aplicación, contaminación ambiental y efectos perjudiciales para la salud en el corto, mediano y largo plazo de agroquímicos en general y en especial sobre el glifosato", cuyo nombre comercial más común es Round Up, de la compañía Monsanto, entre otros productos que ocupan menor franja en el mercado. En el informe, el bioquímico Federico Paggi indicó que "recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato fue erróneamente calificado como toxicológicamente benigno", y que por ende "los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos".
Además indica que no es desacertado el pedido de una zona de exclusión para la fumigación entre la población y las superficies cultivables que debería ser "como mínimo de 1.000 metros". Reclasificación de plaguicidas Tras diferentes pruebas de laboratorios ensayadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se reclasificaron los plaguicidas que contienen glifosato como clase II "altamente tóxicos, por ser irritante de los ojos". Por su parte "la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe efectos más serios", calificando su ingrediente activo como "extremadamente tóxico (categoría I)". Según explica un estudio sobre toxicología del glifosato, realizado por Jorge Kaczewer de la Universidad Nacional de Buenos Aires, "los herbicidas más comercializados en la Argentina incorporan dentro de su fórmula al glifosato, en razón de que algunos cultivos transgénicos, como la soja por ejemplo, están manipulados genéticamente para desarrollar una resistencia a esa sustancia química".
En ese informe se presenta una larga serie de riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana, al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre bioseguridad. En un resumen sobre la historia de la utilización de los herbicidas no selectivos, Paggi aseguró que "son frecuentes los accidentes laborales con agroquímicos en todo el mundo" por lo que ante "la habitual exposición de trabajadores a estas sustancias debería protegerse en forma especial a los aplicadores, en lugar de seguir insistiendo con la baja toxicidad del glifosato", un argumento reiterado por los fabricantes y expendedores y multiplicado por los productores. "En seres humanos -continúa el informe- los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño renal". Paggi explicó que "la revisión toxicológica del glifosato conducida por un equipo norteamericano de científicos independientes (Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides) indicó efectos adversos en todas las categorías estándar de toxicología: subcrónicos, crónicos, carcinogenéticos, mutagénicos y reproductivos".
Finalmente tras detallar los efectos de los estándares mencionados en el párrafo anterior y consultado por los ediles sobre la posibilidad de establecer una franja de exclusión entre la zona poblada y la cultivable, Paggi asumió que "la solicitud de una zona de exclusión de 500 metros es totalmente acertada y que, más aún, debería extenderse a un mínimo de 1.000 metros. Esta situación también es válida para los depósitos de químicos dentro del ejido urbano debido a su volatilización". Para Kaczewer "merece examinarse el riesgo adicional para la salud humana planteado por la utilización de este tipo de herbicidas en base al glifosato. Nuestra sociedad no desarrolló ninguna política o aparato para restringir efectivamente la competitiva carrera biotecnológica, para regular apropiadamente sus productos o para guiarlos hacia rumbos más seguros o productivos. Esta deficiencia se relaciona también con la falta de criterio científico en la toma de decisiones y en el establecimiento de estándares en la reglamentación sobre bioseguridad.
Es el riesgo sanitario resultante de la estrategia implementada por la industria de la transgénesis (basada en la ingeniería genética) para minimizar en el público los miedos ante los diversos riesgos aquí analizados y lograr rápidamente que la gente se acostumbre a comer alimentos transgénicos, una estrategia que en la Argentina se materializa bajo la forma de un plan denominado Soja Solidaria. Revertir la situación Desde hace varios años y desde diversos sectores, se trabaja con la intención de concientizar a los operadores que manejan agroquímicos desde las plantas de elaboración, transporte, almacenamiento y aplicación. Sin embargo, los numerosos esfuerzos aislados no logran revertir la situación de desmanejos respecto al uso de plaguicidas. Las innumerables denuncias de vecinos de poblaciones rurales, de plantas acopiadoras de cereales o de zonas portuarias, dan cuenta de situaciones de abusos de insecticidas y herbicidas en sembrados, camiones y plantas de acopio de cereales.
Quienes están relacionados con el sector productivo ven en esos reclamos una velada amenaza a sus fuentes de ingresos, sin advertir que su preocupación debería orientarse a determinar los mecanismos preventivos para evitar situaciones de riesgo, incluso de su propia salud y la de sus familiares. En la Legislatura santafesina, diputados y senadores presentaron gran cantidad de proyectos para intentar echar luz sobre el asunto y preservar, ante todo, la salud de la población. Los senadores radicales Felipe Michlig y Carlos Fascendini presentaron un proyecto de ley que proponía establecer un control del manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de las sustancias químicas de uso agrícola en la provincia de Santa Fe. La iniciativa propiciaba un sistema de control con mayor responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y de la calidad sanitaria del trabajador rural. Del mismo modo, el bloque de diputados provinciales del ARI, presentó a lo largo de este año diferentes proyectos relacionados con la utilización de agroquímicos, transporte de cereales, cuidado medioambiental y los controles que se ejercen en el ámbito santafesino.
Los diputados Verónica Benas, Aldo Strada, Antonio Riestra y Alicia Gutiérrez presentaron dos proyectos de comunicación y pedidos de informe a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para conocer la existencia de "estudios epidemiológicos sobre los efectos que podrían tener para la salud humana la aspiración permanente de material particulado en suspensión e insecticidas a los que están expuestos los vecinos de San Lorenzo en barrio Moscón, 2 de Abril y Morando por el tránsito de camiones". Este primer pedido, que fue aprobado aunque no hubo respuesta, se basó en la "denuncia de vecinos, médicos y ambientalistas que plantean el aumento de alergias respiratorias, asma, leucemia y otras enfermedades hematológicas provocadas por el polvillo originado por el continuo tránsito de camiones", y que ese aumento obedece "claramente a la combinación de este material particulado con agroquímicos de alta toxicidad".
El segundo pedido de informe, realizado a la dependencia provincial mencionada, solicitó conocer si habían actualizado los datos de 2005 y 2006 de las "auditorías ambientales realizadas a las empresas radicadas en el cordón industrial del departamento San Lorenzo". En mayo los legisladores del ARI presentaron un proyecto de modificación de varios artículos de la ley 11.273 de fitosanitarios, que aún está en comisión. La iniciativa intenta reparar vacíos que deja esa legislación y la brecha existente entre sus imposiciones y la aplicación práctica. En junio, otro pedido de informe solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio que dé cuenta "sobre aspectos relacionados con la aplicación de las leyes 11.273 y sus modificaciones en la localidad de Susana, departamento Castellanos".
Entre sus objetivos el pedido apuntaba a conocer "si se crearon, organizaron, implementaron y se mantienen actualizados los registros de inscripción obligatoria de distribuidores y expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres, operarios habilitados, regentes y asesores técnicos, y si de haberse encontrado irregularidades, se obró en consecuencia". El caso emblemático por excelencia dentro de la provincia de Santa Fe lo encabeza la localidad de Las Petacas, en el departamento San Martín, donde una agrupación de vecinos autoconvocados hizo sentir sus reclamos en diversos sectores gubernamentales y en medios periodísticos. Ante esa situación, hubo disímiles reacciones de diversos organismos del Estado. Algunos entes se están ocupando del caso como la Secretaría de Trabajo que recientemente detectó la labor de niños banderilleros y lleva adelante un proceso de contención de los menores en riesgo.
La contrapartida la protagonizan los funcionarios del Ministerio de la Producción que, lejos de ocuparse del asunto, relativizaron los efectos de los agroquímicos en una reunión realizada recientemente en la localidad. La semana pasada, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe explicó que un grupo de vecinos de Las Petacas se presentó ante el organismo para denunciar el uso de la fumigación con agroquímicos, tanto terrestres como aéreos sobre la zona urbana, una situación que LaCapital publicó reiteradamente desde marzo de 2005. En la oportunidad, presentaron un estudio particular que arroja como resultado que el 50 por ciento de la población padece algún tipo de alergia a causa de la utilización de este tipo de productos, así como una morbilidad por cáncer mayor que la habitual.
También se presentaron fotografías en las que se observan depósitos de agroquímicos dentro del radio urbano, contraviniendo las normas vigentes en la materia. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo inició el trámite para dar curso a este reclamo, para lo cual se elevaron pedidos de informe a diversas reparticiones del Estado provincial, como uno dirigido al Ministerio de Salud con el objetivo de que se realice un estudio epidemiológico
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