“Ha llegado el momento de exigir la creación de la Policía Judicial” señaló la Procuradora de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, y dijo que la conformación de este cuerpo de investigadores profesionales es “imprescindible” para terminar con el trabajo de “aficionado” que lleva adelante la policía de la Provincia después de la consumación de un delito.
La idea -adelantó Falbo- es distribuir en las departamentales del Conurbano un primer grupo de 400 policías judiciales e implementar en el interior, a modo de prueba, equipos móviles regionales que abarquen más de una departamental, como por ejemplo, el caso de las de San Nicolás y Pergamino, cuyas cabeceras están sólo a 70 kilómetros de distancia.
En rigor, la Policía Judicial debería haberse creado hace 12 años, cuando esa posibilidad quedó incorporada en la constitución provincial tras la reforma del ’94 y en las modificaciones al Código Procesal bonaerense tres años más tarde: la “falta de decisión política” en algunos casos y la “falta de recursos” en otros fueron –según Falbo- las causas centrales de la demora.
La creación de la Policía Judicial es impulsada en la Legislatura a través de un proyecto de ley del diputado radical Gustavo Ferrari que busca mejor suerte que otras seis iniciativas similares que no prosperaron y que relegaron la exigencia constitucional al cajón de las “deudas pendientes”.
La Policía Judicial implica, concretamente, la descentralización de las investigaciones de delitos que hoy realiza la policía común, de seguridad (bajo la órbita del Ejecutivo) respondiendo a las órdenes de los fiscales. De aprobarse el proyecto en cuestión, se creará un cuerpo de investigadores profesionales y altamente capacitados que quedarán a disposición de los fiscales para agilizar las investigaciones y que quedarán bajo la égida de la Procuración de la Suprema Corte, es decir, del Poder Judicial. Según el proyecto, la Policía Judicial estará integrada por “Investigadores judiciales” –que serán abogados y dependerán de los fiscales- y contaría con un área Científico-Técnica integrado por personal capacitado en disciplinas como medicina forense, balística, fotografía, rastros y psicología.
Estos especialistas, dijo Falbo, serían reclutados de la actual policía científica, que tiene “buenos cuadros” y no comprometiendo de ese modo nuevas partidas presupuestarias. Es lo que se hizo en Córdoba cuando en 1996 comenzó a funcionar la Policía Judicial, la más avanzada del país.
De esta manera, la policía de seguridad de la provincia podría dedicarse sólo a la prevención y protección de la integridad física y los bienes de las personas: la función para la que fue creada. Aunque, como se prevé que los policías judiciales serán civiles sin armas, el fiscal podría requerir en algunos casos de los efectivos de seguridad, por ejemplo, para una detención.
“La policía de seguridad no puede investigar. Muchas veces se frustran investigaciones porque los policías pierden rastros, toman mal las pruebas o no dan garantías a la hora de tomar declaración a testigos o interrogar imputados” señaló Ferrari y agregó: “si la policía que investiga depende del Ejecutivo puede manipular la investigación o la prueba como ha ocurrido en muchas ocasiones”. Es decir, se trata de desplazar de una tarea fundamental como es la investigación de un delito a una policía que fue “maldita” en los ‘90, y que hoy, pese a las purgas de Arslanián, sigue generando recelos en la sociedad.
“No puede haber policías investigando a otros policías a nivel judicial, o policías que investigan temas de alta sensibilidad social y que pueden tener consecuencias políticas. Ponen en duda la objetividad de la investigación” dijo Ferrari argumentando la necesidad de descentralizar las tareas investigativas.
“Aquella prueba que se perdió en un primer momento no se recupera” coincidió Falbo, para quien en la actualidad no hay “investigadores reales a disposición de los fiscales”.
Pese a las “presiones de la policía” –que denuncia Ferrari- para evitar perder su condición de “dueña de los procesos investigativos”,
la creación de la Policía Judicial parece comenzar a moverse dentro de la Legislatura. De hecho, se realizó una jornada en la Cámara de Diputados bonaerense que contó con la participación de especialistas nacionales y extranjeros. La iniciativa tiene el apoyo de la Procuración, y hoy contó con un claro espaldarazo del oficialismo cuando el presidente de la Cámara baja , Ismael Passaglia, inauguró la jornada asegurando que la creación de la policía judicial “puede ser una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción y la injusticia”. Un dato que no pasó desapercibido ni para Falbo, que pidió “apoyo a los legisladores” ni para el autor de la iniciativa que reclamó el aval “de las mayorías” legislativas para llevar definitivamente a la práctica el mandato constitucional.
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