Una parte de la sociedad colonense ( derecha clasista) cree que los menores pueden ser perseguidos, juzgados, reprimidos y que tienen el único derecho de estar bajo tutela. En algunos ámbitos y repliegues del poder parecería que atrasa el reloj y si pudieran serían los proclamadores de la Ley Agote donde haya por los años veinte se criminalizaba la pobreza.
Los “hijos” y “nietos” del Proceso Militar en Colón quieren judicializar la política de los menores. Una grave equivocación. Los jueces de menores en este caso la Dra. Zulema Corona (a pesar de ser una magistrada “humanista”) tiene la facultad discrecional absoluta sobre ellos y puede decidir “mandar” la internación de los chicos a Institutos de Menores y donde los adolescentes con causas asistenciales conviven con otros que tienen delitos menores.
Este último tema es importante, porque la confusión a llegado a nuestros dirigentes. Un ejemplo es la casa del Niño “Willian Morris”. Este Hogar colonense fue creado para asistir socialmente a los menores y no para “internar” a adolescentes con graves problemáticas de tipo penal. En este último caso se deberían buscar otros caminos en nuestra propia ciudad o creando una casa de contención regional.
El ejemplo
Los miembros de Colón Doce quedamos azorados cuando escuchamos a concejales y funcionarios municipales que ante un reclamo de seguridad de vecinos de “Plaza Sur” requirieron “mandar” más patrulleros. Los policías tendrían como objetivo controlar el desplazamiento de un grupo de menores que impedía el paso a las personas que transitaban por la barriada pidiendo “un módico peaje”. Incluso estos ediles y funcionarios hablaron de abrir una calle para evitar que los adolescentes se junten en una pequeña placita y de esta forma disgregarlos.
La problemática en esa vecindad no es nueva. El grupo de chicos y jóvenes que se agrupan en ese sector y donde están mezclados marginación, drogas y falta de expectativas –entre otras cosas- con el tiempo y paulatinamente fueron tomando protagonismo hasta “explotar” en problemas de seguridad. Las pregunta son ¿Dónde quedaron las políticas preventivas?. Donde estaban los funcionarios del área de Minoridad. ¿Cobrando suculentos sueldos?.
Porque se debe aclarar que este proceso y en una ciudad de 23 mil habitantes, donde se tiene contacto diario con estas personas, el Estado municipal debió trabajar con un equipo de especialistas ( sicólogos, sociólogos, educadores, trabajadoras sociales) para evitar llegar al extremo de “mandar” patrulleros a cuidar el orden. Solo nos basta una reflexión irónica ¡Menos mal que los vecinos se quejaron, porque si pasaban unos años más se hubiese tenido que llamar a la Gendarmería Nacional!.
Los dirigentes deben comprender que si no están capacitados tienen el largo camino del regreso a sus casas. La función pública requiere de responsabilidad y no podemos seguir “quemando” generaciones por nuestra ineficacia, pensamiento de derecha -similar a los que tenía Videla, Massera y Agosti- y dilapidando los chizitos y el champagne.
Los derechos
Los menores deben gozar de los derechos constitucionales como la presunción de inocencia, debido proceso y excepcionalidad de la privación de libertad. La privación de la libertad debe ser un último recurso El sujeto como niño debe contar con vida familiar, social, educacional para desarrollarse inte- gralmente y un Estado, humanista y protector que los asista cuando alguna de las condiciones sean violadas.
Se debe tener en cuenta que sin expectativa de poder trabajar, sin una contención adecuada, sin educación, estos jóvenes en nuestra ciudad están quedando marginados y son victimas del sistema represivo.
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