Representantes de todas las áreas del gobierno bonaerense -incluidos varios ministros-, junto a unos 40 intendentes, comenzaron a definir en Mar del Plata cuáles serán las políticas que se aplicarán durante los próximos tres años para revertir la decadencia que afecta, desde hace décadas, a los 415 pueblos de menos de 2 mil habitantes diseminados en el interior de la provincia de Buenos Aires.
La jornada de trabajo, que fue organizada por la Jefatura de Gabinete, tendrá una consecuencia concreta: la confección de un plan de acción para las pequeñas poblaciones rurales, que estará listo antes de fin de año y contendrá todas las iniciativas -obras públicas, planes para contener la emigración, educación especializada- que el gobierno bonaerense con- sensuó con los municipios en seis encuentros previos.
«Tenemos que darle a la gente la posibilidad de ejercer el derecho a no emigrar», el jefe de Gabinete, Mario Oporto. La frase sintetiza uno de los dramas principales del interior bonaerense, en una provincia devastada por los desequilibrios demográficos, donde 11 millones de personas se apiñan en 33 grandes conglomerados, mientras que 1.300.000 pasan sus días en 595 pequeñas localidades cada vez menos pobladas y con horizontes económicos más negros.
El despoblamiento es uno de los enemigos centrales para la supervivencia de esos pueblos, pero no único. «Necesitamos reformas impositivas que profundicen la descentralización y aumenten la cantidad de recursos que podemos destinar al desarrollo de los pequeños pueblos», reclamó Jorge Fernández, intendente de Lincoln, una ciudad del noroeste rodeada por diez pueblos.
La infraestructura, básicamente caminos por los que sale la producción rural desde los campos hacia los mercados y trabajos hidráulicos, y la electrificación rural, imprescindible para un esquema económico que se plantee la industrialización de la materia prima y para mejorar las comunicaciones, en especial el acceso a Internet, son los ejes básicos que se acordaron hasta ahora.
La estrategia del gobierno parte de aceptar que hasta ahora no se han alcanzado logros importantes para volver a la vida estos pueblos «hemos podido hacer menos de lo que se necesita», admitió Oporto- y a la vez recurre a una de las herramientas políticas clave que gestó Solá de cara a su reelección: el Plan Trienal, que consiste en planear políticas públicas a tres años, involucrando a los intendentes.
El presidente del Instituto Cultural, Alberto Hernández, dijo que su área no debe ser vista «como un espacio dedicado a las bellas artes exclusivamente».
Por el contrario, instó a «planificar la gestión municipal y provincial teniendo en cuenta cuánto pueden aportar hoy al desarrollo las industrias culturales, que en Argentina superan a las exportaciones de carne» en movimiento económico.
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