Se trata de un proyecto de ley presentado en la cámara alta la semana última por el senador José Molina (FPV) y que lleva además las firmas de diez legisladores del mismo bloque y dos del PJ.
El creador del proyecto José Molina aseguró que “muchos de los violadores son reincidentes, pero la justicia no ordena hacerles análisis de ADN y de este modo, al quedar su palabra contra la del denunciante, prima la presunción de inocencia del acusado” argumentó.
La próxima semana comenzaría a tratarse en comisión la creación del Registro Único de Datos Genéticos de Personas condenadas por delitos contra la integridad sexual en todo el territorio provincial. Según la norma, todas las personas que tengan sentencias condenatorias firmes por violación, tanto en el fuero provincial como federal, tendrán que someterse a una extracción de ADN que pasará a integrar el registro provincial.
De este modo, la justicia podrá ordenar la realización de un análisis de ADN al imputado de una violación que será remitida al banco de datos de ADN para que el organismo técnico efectúe la confrontación de las muestras. Según el proyecto, en caso de que el resultado fuera negativo la muestra remitida para su comparación deberá destruirse.
“Este banco permitirá dar un paso importante en la materia porque hasta el momento existe un vacío legal con relación al seguimiento de las condenas por violación una vez que se purga la pena” dijo el autor de la iniciativa. El proyecto sostiene que la regeneración de los violadores “es casi imposible”, aunque Molina aclaró que no se trata de una “persecución” ni de “prejuzgar” contra sospechosos de cometer este tipo de delitos: “Es otra prueba para ayudar a la Justicia para probar una violación. Si hubo un hecho de este tipo, y hay dudas, el análisis de ADN daría la prueba exacta de la autoría o no de un imputado” aseguró.
Sin embargo, el titular de la Cátedra Libre “Marie Langer” de Salud Mental y Derechos Humanos de la UNLP, Yago Di Nella, aseguró que "no hay ningún estudio que haya demostrado que sean irrecuperables; se trata de un prejuicio". Para Di Nella sólo se podría decir que "no hemos encontrado el tratamiento adecuado y decir que un violador no puede regenerarse es lo mismo que condenarlo a muerte".
Pero el autor del proyecto sostiene, aunque acepta no haberse basado en ningún tipo de estudio, que "es de conocimiento público que 7 de cada 10 violadores son reincidentes" y afirma que el registro es preventivo porque amedrentaría al violador que sabe que su ADN está en una base de datos.
"Es una pavada, una técnica represiva que no genera ningún tipo de resultados", aseveró Di Nella y dijo que "este tipo de proyecto sólo busca tranquilizar a la población, decir que están identificados, se trata de un impacto político". En este sentido, Di Nella consideró que más que prevenir, el banco de ADN va a complejizar aún más la conducta del violador: "se va a volver más astuto y va a buscar no dejar rastros".
El proyecto indica que el registro estará conformado con los datos obtenidos de una muestra de cabello –que tomará un médico forense- de cada persona condenada por violación en territorio provincial. De esta manera –aclaró el legislador- se busca evitar acusaciones posteriores sobre violaciones de la libertad individual del imputado.
La iniciativa contempla también que los contenidos del banco de ADN serán secretos y su acceso sólo estará permitido a través de la orden de un juez. El acceso quedará entonces limitado sólo a la Justicia y a las partes del proceso que se le lleve adelante al imputado de un delito sexual.
Además, la iniciativa señala que la creación, supervisión y funcionamiento del registro estará a cargo del Ministerio de Justicia bonaerense y del Ministerio de Salud en cuanto a la disposición de los organismos técnicos para realizar las pruebas de ADN
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