Pese a las numerosas purgas y reformas administrativas encaradas en los últimos años, la Policía Bonaerense se encuentra, nuevamente, bajo el ojo de la tormenta después de que el propio gobernador Felipe Solá admitió que puede haber efectivos implicados en la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la causa en la que se condenó al represor Miguel Etchecolatz (mano derecha de Ramón Camps, jefe de la Policía Bonaerense durante la última dictadura).
Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , señala que entre enero de 1996 y junio de 2005 se registraron 2585 muertes en hechos de violencia con participación de funcionarios policiales y de seguridad, sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
La mayor parte de las víctimas murió en hechos en los que intervinieron funcionarios de la policía de la Provincia. Del total de muertes, 1.945 fueron de civiles no policiales. En otras palabras, el uso de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad provocó una muerte cada 43 horas. “Si bien hubo algunas modificaciones respecto de lo que era la violencia policial hace 10 años, actualmente existe una ausencia en lo que hace a generar nuevas prácticas de seguridad.
Los problemas de la violencia no son sólo por corrupción, sino que también falta generar una política de articulación entre seguridad y políticas sociales en aquellos lugares más conflictivos. También falta una articulación entre el poder judicial y la policía en la Provincia”, dijo, Gustavo Pal mieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del CELS, responsable del informe.
El documento del Centro de Estudios concluye que la reforma encarada por el ministro Carlos León Arsla nián “no fue acompañada por una política institucional más amplia, que apuntara a generar un cambio en la cultura y prácticas policiales”. Y agrega: “Los altos niveles de participación de funcionarios de franco en enfrentamientos indican que la portación de armas fuera de servicio sigue siendo habitual”.
Hace dos años, en la provincia de Buenos Aires, se modificaron las normas que establecían la obligatoriedad de portar armas para el personal policial fuera de servicio (ley provincial Nº12.968 y Orden del Día Interna Nº115/99). Pero, según el CELS, los cambios “no parecen haber tenido gran impacto en las prácticas de los funcionarios”. En consecuencia, el cambio de normativa no ha resultado ser una política efectiva a la hora de reducir el número de muertes de civiles, ni de funcionarios policiales”. Los números hablan por sí mismos: sólo 24 de las 41 bajas civiles en el primer semestre de 2005 en hechos de violencia policial, fueron muertos por personal policial en servicio.
Palmieri destacó que, pese a las modificaciones, existen “situaciones que siguen siendo complicadas”. Mencionó que todavía sigue habiendo personas que mueren en comisarías, y “hace dos meses ocurrió un caso de gatillo fácil en la Policía Buenos Aires II, con encubrimiento incluido”.
La evolución en la cantidad de civiles muertos en hechos de violencia policial registró un pico entre 1999 y el primer semestre de 2002, siendo este último el semestre en que se registró la mayor cantidad de víctimas de todo el período analizado. La crisis socioeconómica y e institucio nal fueron acompañadas por el incremento de la violencia institucional. Por eso, según el CELS, la violencia estatal es, en muchos casos, la forma en que instituciones tradicionalmente violentas responden a la crisis.
Con la purga no alcanza
“Hay que entender que la reforma institucional de la Policía ya no necesariamente tiene que estar asociada a la purga, descabezamiento o despidos masivos. Actualmente la reforma policial está asociada al concepto de limpieza, pero no al de modernización”, expresó a Darío Kosovsky, un abogado penalista que es director del Centro de Estudios de Política Criminal y Seguridad del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
Ante este panorama, Kosovsky opinó que la sensación de inseguridad, que aparece como principal preocupación en los distintos sondeos de opinión, “esta más vinculada con la inacción oficial al respecto y con la falta de una política integral de seguridad a mediano plazo. Hay una sensación de inseguridad subjetiva”.
“La comunicación es fundamental para una buena política de seguridad, pero no hay trabajo con los medios para mejorar la forma en que se comunican los hechos. Existe una deficiencia estructural”, puntualizó.
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