La cifra con la que se ven beneficiados los obispados es de 890 mil pesos por año, según se desprende del Presupuesto. Al respecto, la diputada del Frente para la Victoria, Liliana Di Leo, autora de la iniciativa que quiere derogar el decreto promulgado en el año 1981, manifestó la necesidad de avanzar en procesos de “fortalecimiento de la institucionalidad, en la búsqueda de una democracia cada vez más consolidada”.
Tras afirmar que la vigencia de algunas normas conspira contra esos procesos, Di Leo destacó que “es deber de los legisladores la observancia y revisión de todo aquello que en el marco legal pueda ser contrapuesto a los intereses de una democracia genuina”.
La norma, incluida sobre tablas para la sesión, lleva la firma de varios diputados del FpV, como el presidente del bloque Luis Fernando Navarro, Nicolás Dalesio y Raúl Pérez.
Según explicó Di Leo, la Iglesia recibió diferentes beneficios durante la última dictadura militar, aunque la idea no es “ensañarse” contra la entidad sino revertir las decisiones arbitrarias que se tomaron durante los años de gobierno militar.
“El legislador debe velar por la legitimidad de todo el sistema legal provincial, y leyes como la arbitraria y antidemocrática norma que pretendemos derogar, van en desmedro de la legitimidad de todo el sistema” explico la diputada kirchnerista.
Por último, expresó: “Es justa y factible la derogación del Decreto Ley 9655/81, sin incurrir en ninguna trasgresión legal, corrigiendo normas cuya validez es cuestionable por su propio origen y contribuyendo a la consolidación de nuestra institucionalidad
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