Sin embargo, Rentas tendrá que esperar la aprobación de los entes reguladores de los servicios públicos, ya que sin su autorización la ley no podrá aplicarse.
Esta nueva metodología, que amplía los “superpoderes” del titular de Rentas, se aplicará para las propiedades valuadas en más de 180 mil pesos y para los comercios de más de 100 mil pesos. La medida también afectará a todas las propiedades que se encuentren en barrios cerrados o countries.
El cobro se hará en dos partes: por un lado se cobrará el 25 por ciento del monto que se abona por el servicio en el que se incorpore el Inmobiliario: luz, gas, o teléfono, entre otros. Es decir, que si un contribuyente paga 100 pesos de luz, se le anexara a eso monto el 25 por ciento -25 pesos más- en concepto de Impuesto Inmobiliario, con lo que pagará 125 pesos. Por otro lado, y en la misma boleta, pero troquelado, se le cobrará el resto del impuesto. Así, esperan que el contribuyente opte por pagar el Inmobiliario de una vez.
En tanto que para las viviendas que no superen el valor de los 180 mil pesos -y que no estén en un country- la modalidad tendrá algunas variantes: el Inmobiliario se cobrará en las boletas, pero aparte del monto del servicio. El contribuyente podrá decidir si pagar o no el Impuesto Inmobiliario, ya que estará en la misma boleta pero en forma troquelada.
Sin embargo, este complicado sistema no podrá ser aplicado por Rentas, al menos hasta conseguir la autorización de los entes reguladores del servicio, algo que no se tratará de un mero trámite. El organismo fiscal deberá presentar la modalidad ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en el caso de elegir las boletas de luz para cobrar el impuesto. El ENRE tendrá que aprobarla y, recién ahí, Rentas deberá firmar los convenios con las empresas, que pasarán a convertirse en agentes de recaudación.
El organismo fiscal bonaerense busca con esta nueva iniciativa poder cobrar a los contribuyentes morosos, que en la mayoría de los casos no viven en el domicilio que figura en la base de datos de Rentas. Por eso, prevén llegar a los más de 900 mil contribuyentes con direcciones desactualizadas en la Provincia, a través de las facturas de servicios, ya que las empresas tienen bases de datos más actuales.
El contribuyente que no quiera pagar el servicio junto a los impuestos tendrá que presentarse ante la empresa en cuestión -por ejemplo, Telefónica- y hacer un engorroso trámite para quedar exento.
Además, la reforma del Código Fiscal faculta a Rentas a disponer administrativamente embargos de bienes, activos y cuentas bancarias de contribuyente morosos -de cualquiera de los impuestos provinciales-, siempre que en el mismo momento presente un pedido de inicio de juicio de apremio ante la justicia.
"ES INCONSTITUCIONAL"
El proyecto de ley fue aprobado en las dos Cámaras con la amplía mayoría del FpV, mientras que los otros bloques votaron en contra. El radicalismo alegó la inconstitucionalidad de la norma para fundamentar su oposición.
El diputado de la UCR, Juan Gobbi, indicó a DIB que "están mezclando un servicio con un impuesto y quizá una persona tenga una propiedad de 180 mil pesos pero puede no tener plata para pagar el Inmobiliario". Además, Gobbi advirtió que "estamos en una inflación normativa, porque cambian las normas todo el tiempo". Como ejemplo, el diputado destacó el hecho que en diciembre del año pasado se haya modificado el Código Fiscal -para darle los superpoderes a Montoya- y que ahora se vuelva a modificar "para adecuar los superpoderes".
También el diputado Julio Alfonsín criticó el proyecto al asegurar que "se tratan de medidas que avanzan cada vez más sobre la Justicia, para darle más poder al Ejecutivo
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