Se trata las leyes de 7290/67 y 9038/78, que establecen un pago adicional del 10 y el 5,5 por ciento respectivamente y que, según consta en las mismas, se deberían destinar para la realización de obras energéticas en todo el territorio bonaerense.
La primera de las leyes establecía un Fondo Especial de Grandes Obras Eléctricas de la provincia, cuenta que según consta en la norma, depende de la dirección de Energía bonaerense.
La otra ley en cuestión establecía un gravamen adicional, en principio del 3 por ciento, para la “financiación de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava”, obra que de acuerdo a las estimaciones realizadas por el concejal bahiense Aníbal Roig, “quedó archivada aproximadamente en 1980”.
Según las explicaciones oficiales, el destino de los fondos se modificó durante la gobernación de Alejandro Armendáriz para realizar la construcción de la Central eléctrica “Comandante Luis Piedrabuena” y aún hoy se siguen pagando una deuda con el Banco Provincia que la realización de esta obra demandó “En el proceso de priva- tización de ESEBA las empresas privadas no tomaron esa deuda y el Estado debió hacerse cargo”, dijo un funcionario de la Dirección de Energía, quien además informó que “el pago de las deudas con el banco demandan no sólo los fondos establecidos por la ley 9038, sino que también debemos destinar parte del diez por ciento que nos llega al Fondo de Grandes Obras”. En efecto, de los 180 millones de pesos que la Provincia recauda anualmente por intermedio de estos dos impuestos, 110 son destinados para cumplir con las obligaciones de deuda.
Por otra parte, hasta el año 2003, y de acuerdo a los consignado por la ley de 1967, los fondos para la realización de obras eran manejados por la Dirección de Energía, pero a partir de la disolución del Ente Provincial de Regulación de Energía (EPRE), que recaudaba y distribuía los fondos, los mismos van a parar a Rentas Generales, y a partir de allí su destino se pierde de su finalidad original. En la Dirección de Energía reconocen que los fondos fueron desviados en los últimos años por la ley de Presupuesto, pero aseguraron que de Rentas Generales, luego vuelven al organismo y son destinados a la realización de obras de infraestructura.
Pacto impositivo
Jorge San Miguel, presidente del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia (OCEBA), reconoció que “hubo un pacto federal impositivo donde se había acordado eliminar los impuestos distorsivos para reemplazarlos por fondos coparticipables. La provincia reconoció que los impuestos a la luz entraban dentro de esta clasificación, pero como nunca se cumplió con el envío de esos fondos extras, el impuesto se siguió cobrando”.
San Miguel opinó que quienes piden por la derogación de esas leyes “tienen una actitud demagógica, pues se precisan recursos. De no ser así, debe aumentarse otras tasas”.
Las voces que se elevan en contra de estos dos impuestos se siguen sumando. En la legislatura bonaerense se presentaron en los últimos años varios pedidos de derogación de las polémicas leyes, aunque ninguna prosperó, pues, según señala el senador radical Alfredo Irigoin, autor de uno de esos proyectos, “terminaron siempre en el cajón”.
El legislador consideró que el Fondo Especial de Obras “no tiene razón de ser, desde que se privatizó ESEBA todas las obras las realizan las empresas privadas
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