Aunque días atrás un juez federal de Morón declaró la inconstitucionalidad parcial de la reforma a la ley que determinó que los delitos de tenencia de drogas fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor sean juzgados por la Justicia ordinaria en lugar de la Justicia federal, el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, destacó el avance que se llevó adelante en estos meses en el territorio bonaerense. Además, se mostró conforme con las cifras de superpoblación carcelaria y de detenidos en las comisarías, que "han bajado considerablemente", según dijo.
¿Cómo quedó la implementación de la desfederalización de la droga después de los fallos adversos de la Justicia?
La desfederalización se ha ido afianzando a medida que se han coordinando las acciones entre la Policía y el Ministerio Público. Hubo una gran respuesta de la Justicia bonaerense en este sentido, a pesar de algunas excepciones como el fallo de algún juez, que obviamente será revisado por una instancia suprema. Pero la implementación ha sido positiva. El Estado bonaerense está presente en el barrio, que es donde tiene que estar. Hemos tenido mucha colaboración de la gente.
¿Siguen siendo la mayoría de las detenciones por cuestiones de consumo personal?
En la actualidad esa situación se ha revertido. La mayoría de los procesados fueron detenidos por tráfico y no por consumo personal. Por eso, no hay mejor política de drogas que evitar que haya alguien vendiendo en la puerta de su casa.
Usted había pedido 90 días de tiempo para hacer un balance de las herramientas que iba a necesitar la Provincia para enfrentar el tema droga. ¿Qué lectura hace hoy?
El balance es muy positivo, básicamente en cuanto a las cosas que se van viendo que se necesitan. Por un lado reactivos; por otro, una coordinación mucho más afianzada entre fiscales y Policía en cuanto a la investigación y la inteligencia previa, con mucha colaboración de la sociedad.
¿También se necesitan nuevas fiscalías?
Hay un examen acerca de las evaluaciones de estadísticas causales y posible desplazamientos de fiscalías hacia otros departamentos judiciales que están mucho más enfrentados con este tipo de problemas. Este es un proceso dinámico y probablemente en este año habrá cambios en este sentido. Pero más que nada se dará en el Conurbano y departamentos judiciales grandes.
¿Cuál es el número real en la actualidad de detenidos en comisarías de la Provincia?
A partir de la política de construcción que empezó el Gobierno el año pasado, la provincia de Buenos Aires tiene hoy la menor cantidad de detenidos en comisarías de los últimos seis años: 3950. De esa cifra, solamente 1700 tienen orden de remisión. Esto quiere decir que aunque quisiéramos sacarlos no podríamos hacerlo, porque son las órdenes que dan los jueces para enviarlos al penal. La Provincia llegó a tener siete mil presos en comisarías. Además, en este primer semestre, el Servicio Penitenciario otorgó 3870 plazas para detenidos de comisarías. Lo primero que se cortó fue el plazo que permanece un detenido en una comisaría. Este plazo pasó de diez u once meses a cinco o seis. Hay departamentos judiciales como La Plata, Pergamino, Necochea, Azul, Tandil, en los cuales no hay detenidos en comisarías con orden de remisión. Y esto cumple con la política del Gobierno de liberar a la Policía de tener que custodiar a los presos y así abocar más personal al servicio de calle.
¿La superpoblación carcelaria sigue siendo un problema?
En cuanto a la superpoblación tenemos datos muy alentadores. Olmos, por ejemplo, tenía 3200 internos, hoy tiene 1050 y tiene una capacidad de 1800. Magdalena pasó de 1100 a 720. En este primer semestre hemos tenido en los penales la mitad de los hechos de violencia que tuvimos en el primer semestre del año pasado. Hay una política de detención y contención que no sólo la ampliación de la capacidad del servicio penitenciario nos ha traído, sino un menor nivel de encarcelamiento. El nivel fue decayendo en este sentido, producto de varios factores que han ido ayudando.
¿Y el tipo de leyes que impulsa, por ejemplo, Juan Carlos Blumberg confrontan contra este nivel de encarcelamiento?
Lo que sí le puedo afirmar, es que la política de encarcelamiento en la Provincia en los últimos años no llevó a disminuir el nivel de violencia. Contribuyó a superpoblación, a la violencia carcelaria, a un destrato a la persona privada de su libertad, pero de ninguna manera a contener la violencia. No es con el agravamiento de las penas y la rigurosidad que se disminuye el delito.
¿Cuántas plazas carcelarias quedan de las anunciadas tiempo atrás?
De las 5700 plazas que anunciamos, quedan por entregarse dos unidades en el camino del Buen Ayre, una alcaidía para San Isidro y una cárcel de máxima seguridad para San Martín para completar unas 1700. Y tenemos un llamado a cuatro mil nuevas plazas que autorizó el Gobierno hace dos meses y ratificó la Legislatura; y ahí tenemos el llamado a licitación para la nueva cárcel a Mercedes, y un complejo penitenciario en Ezeiza. Calculamos que se van a finalizar para principio del año que viene.
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