Los funcionarios públicos bonaerenses de nivel provincial y municipal recibirán sanciones si no hacen cumplir la ley que prevé que el cuatro por ciento de la planta de personal del Estado tiene que ser cubierta por discapacitados.
La novedad fue introducida mediante una modificación de la ley 10.592, transformada a su vez en ley por la cámara de Diputados provincial, sobre la base de un proyecto elaborado por el diputado radical Luis Bruni que había sido modificado por la cámara de Senadores.
Ahora, los funcionarios que no hagan cumplir el cupo del cuatro por ciento serán sancionados con la pena máxima prevista en la ley Nº 10.430, que rige el régimen laboral de los empleados públicos. Se trata de la “falta grave”, para la que se contempla una suspensión de 60 días. En Nación, donde el cupo es el mismo, la misma falta se castiga a través de la figura del “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, prevista en el Código Penal. Pero una ley provincial no puede recurrir como herramienta a una ley de fondo como ese Código, por lo que se optó por aplicar la ley 10430.
Censo
Antes de que las sanciones sean procedentes, los funcionarios deberán realizar un relevamiento determinar cuántos empleados con capacidades diferentes tiene su repartición. Al respecto, Bruni advirtió que “preguntamos ese dato, pero ninguno lo sabía”. La ley para proteger a los discapacitados existe en la Provincia desde 1987, pero hasta ahora no sirvió para gran cosa. Según datos difundidos por el senador radical Alfredo Irigoin, desde que el gobernador Felipe Solá asumió el cargo, se designaron 16 discapacitados en la administración central, cuando para cubrir el cupo deberían haber sido 1.479.
Cuando se aprobó la ley 10.592, al mismo tiempo se dispuso la creación del Servicio de Colocación Laboral Selectiva de Personas (SECLAS), un listado donde los discapacitados pueden inscribirse para acceder a los cargos y que también debería servir para conectarlos con el sector privado. La herramienta comenzó a funcionar recién el año pasado, y sirvió para que otros 37 discapacitados consigan empleo, al tiempo que se abrieron 56 expedientes que se tramitan en el Estado y 12 más en empresas privadas.
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