Desde su lugar de arresto contó que sufre una persecución por haber sido el policía que investigó, en primer término, el crimen de Natalia Fraticelli, ocurrido el 20 de mayo de 2000 en la ciudad de Rufino, en el profundo sur santafesino.
Amigos del ex juez ahora condenado a prisión perpetua junto a su esposa y diversos intereses dentro de La Santafesina SA apuntaron contra Villalba, según su relato.
El viernes 11 de julio de 2003, el ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, convocó a una conferencia de prensa desde su lugar de detención en Melincué.
«Fui condenado por la duda», dijo en aquel momento. Acusó al juez de Sentencia de Melincué, Fernando Vidal, a quien consideró sin la capacidad necesaria para condenarlo.
Sostuvo que hubo una mala investigación de la muerte de su hija a partir de la actuación del juez civil Víctor Pautasso -quien primero intervino en el caso- y del ex jefe de la comisaría de Rufino, Jorge Villalba, responsable del sumario que se labró la mañana en que hallaron sin vida a la adolescente. «El doctor Pautasso no tenía ninguna experiencia en materia penal, él mismo dijo que hacía treinta años que no tocaba un Código Penal», enfatizó.
Con respecto a Villalba, sostuvo que ahora está denunciado por un policía y un fiscal, por integrar una asociación ilícita dedicada a la comercialización de droga, a la extorsión y a la sustracción de rodados. El tono volvió a endurecerse al referirse al fallecido juez de Instrucción, Carlos Risso.
«Los empleados que conocieron a Risso me dijeron que era un alcohólico crónico que formulaba sus declaraciones en estado de ebriedad. Prueba de esto es que cuando tuvo el accidente que le costó la vida estaba en ese estado», señaló. Tengo la certeza de que termino absuelto», pronosticó Fraticelli.
Se equivocó.
El miércoles 30 de junio de 2004, la Corte provincial convalidó las condenas de Fraticelli y su esposa Gra- ciela Dieser por cinco votos contra uno el proceso judicial que permitió sentenciar a ambos a prisión perpetua como coautores del homicidio de su hija Natalia. El máximo tribunal de la provincia rechazó así los recursos de queja contra las condenas que habían presentado los abogados defensores, y lo hizo con el argumento de que sus juzgadores no violaron sus garantías constitucionales y todo el proceso fue válido.
La chica, que tenía 15 años, murió la mañana del 20 de mayo de 2000 y su deceso disparó el interés de la opinión pública nacional no sólo por la hipótesis de un filicidio, tan poco frecuente entre la gama de crímenes, sino también por la condición de juez penal que ostentaba Fraticelli en ese momento.
Dieser fue detenida y acusada un par de días después de las exequias de Natalia, pero al esposo tuvieron que destituirlo previamente a través de un jury de enjuiciamiento de magistrados. Recién después corrió la misma suerte que ella.
Poco tiempo después ambos fueron procesados por el juez de Instrucción de Melincué, Carlos Risso, quien tuvo a su cargo la investigación del caso. La Cámara Penal de Venado Tuerto confirmó esos procesamientos y luego la fiscal de esa ciudad, Graciela Mastrocésare, los acusó en un juicio. Pidió que los sentenciaran a prisión perpetua por dos razones: por el vínculo que los unía a Natalia y porque a su juicio la asesinaron alevosamente.
Al cabo de ese juicio el pedido de Mastrocésare se impuso al de las defensas: el juez Vidal, también de Melincué, los condenó a perpetua y los recluyó en la alcaidía de esa ciudad.
Los abogados Edwards y Superti apelaron el fallo de Vidal, tal como ya lo habían hecho con los procesamientos, pero la Cámara ratificó una vez más el veredicto. Acudieron entonces a la Corte. Sostuvieron que la camarista Marta Burrone de Juri había prejuzgado al matrimonio al asegurar en el programa de TV Hora Clave, de Mariano Grondona, que la pareja había estrangulado a Natalia.
También alegaron que hubo arbitrariedad por parte de los jueces al rechazar una serie de pruebas que según ellos demostrarían que la chica se suicidó. Pero nada de eso fue aceptado por la Corte, que así convalidó todo el proceso y también las condenas.
Comisario de Wheelwright
Dos ex jefes de la comisaría de Rufino quedaron presos en noviembre de 2003, acusados de ser organizadores de una asociación ilícita, integrada por otros tres policías, que cometía robos en la jurisdicción urbana de la ciudad, ilícitos que ellos garantizaban mediante la liberación de la zona que debían controlar.
Los dos ex titulares de la comisaría 3ª de Rufino que fueron apresados son los oficiales Jorge Ramón Villalba y Eduardo Pighin. Ambos estaban como jefes en otros destinos: el primero en Casilda y el segundo en Wheelwright. Villalba fue recordado por haber sido el policía que primero ingresó a la vivienda del ex juez Carlos Fraticelli la mañana del 20 de mayo de 2000, cuando su hija Natalia apareció asesinada, para labrar el sumario del hecho.
Villalba y Pighin fueron detenidos en el marco del proceso que se les sigue por presuntos organizadores de una asociación ilícita que también integrarían otros tres policías y cuatro particulares. La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto resolvió que ambos quedaran detenidos en la Alcaidía de Melincué, mientras se sustancia la causa que les instruyó el juez subrogante de Instrucción, Correccional y Faltas de Rufino, Omar Guerra.
Tres meses atrás, el juez Omar Guerra había procesado a Villalba, Pighin y a los suboficiales Angel Vaños, Darío Pérez y Juan Carlos De Inocenti, por considerarlos presuntos integrantes de un accionar delictivo coordinado. Por el mismo hecho resultaron procesados Jorge Arias, quien por razones de salud se encontraba cumpliendo en su domicilio una condena de once años por intento de homicidio; dos hermanos de apellido Lopetegui y otra persona de apellido Clavero.
El juez Guerra entendió que Villalba, Pighin y Arias serían los organizadores de la asociación ilícita, delito que no es excarcelable. Un criterio garantista, que adhiere a tratados internacionales de defensa de los Derechos Humanos, les permitió a los dos policías esperar en libertad el curso del proceso.
Esta decisión fue apelada ante la Cámara de Venado Tuerto por la fiscal María Mujica, que en aquel momento intervenía en la causa. Pero el alto tribunal revocó la decisión de Guerra y dispuso que ambos oficiales esperen presos el resultado de la apelación de su procesamiento, detenidos en la alcaidía de Melincué.
Villalba también enfrentaría otros cargos por peculado de efectos y de servicio ante la Justicia, que también fueron apelados. La asociación ilícita también incluiría el hecho de que Arias pudiera regentear la prostitución en un cabaret de Rufino y en el cruce de las rutas 33 y 7. (Portales del Sur)
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