El secretario de Agricultura de Argentina, Miguel Campos, denunció ante la Comisión Europea (CE) las intenciones de la multinacional estadounidense Monsanto, que pretende cobrar derechos de patente a los compradores de soja transgénica argentina y para lo cual inició trámites judiciales en Dinamarca y Holanda.
Campos planteó las quejas de la Argentina a la Comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, ante quien presentó un conjunto de documentos que demuestran «las prácticas monopolísticas abusivas de la multinacional contra los importadores europeos de derivados de soja».
En declaraciones de Campos en Bruselas, este comentó que ante Fischer Boel expuso los perjuicios que suponen los procedimientos judiciales de Monsanto contra importadores europeos de harinas de soja a Argentina, tras las intimaciones de la compañía estadounidense, que consiguió venias judiciales para inspeccionar embarques argentinos en los puertos daneses y holandeses.
La idea del Secretario es que Argentina se presente como tercera parte afectada en los procesos judiciales que la multinacional emprenda en Europa y que supone al país importantes daños económicos.
Monsanto mantiene con Argentina una larga polémica por la pretensión de cobrar derechos de patente sobre una tecnología transgénica Roundup Ready (RR, resistente al herbicida glifosato) sobre el grano.
La firma ya cobra al momento de vender las bolsas de semillas, pero argumenta que hay grandes niveles de evasión y además quiere limitar el «uso propio», es decir la resiembra de semillas.
Campos explicó que las leyes internacionales sobre patentes sobre un cultivo establecen que los derechos se detectan en el proceso de plantación, en las semillas, y no cuando ya se ha obtenido un producto transformado, como es el caso de las harinas.
Además recordó que Monsanto introdujo en Argentina esa tecnología transgénica en 1996 y que al principio «regalaba las bolsas con las semillas»; atribuyó las demandas judiciales a pérdida de mercado y a una actitud monopolística.
La respuesta europea
La Comisaria europea de Agricultura mostró su comprensión hacia las preocupaciones de Argentina y se comprometió a informar a los países comunitarios sobre este problema, así como al resto del Colegio de Comisarios de la UE, según informaron fuentes comunitarias.
El funcionario argentino se iba a reunir con los representantes del sector europeo de harinas y de piensos.
Argentina es el segundo productor del mundo de soja genéticamente modificada y exporta por un valor cercano a los 4.000 millones de dólares y unos 2.500 millones de dólares de harinas soja.
Más críticas a Monsanto desde CARBAP
Por otra parte, la polémica también sumó a las entidades que agrupan a los productores de Argentina, que en forma unánime rechazan las pretensiones de Monsanto de cobrar regalías por las cosechas de soja.
En este caso, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) salió al cruce de expresiones de funcionarios de la empresa, a quienes acusó de propiciar «la confusión sobre un tema que está claramente determinado por la ley».
«Lo expresado por Monsanto Argentina acerca de que tan sólo se comercializa el 20 % de semilla fiscalizada del total de semilla utilizada en una campaña, genera análisis equívocos obligándonos a aclarar que el uso legal de semilla esta constituido, de acuerdo con la ley de semillas 20.247, por la semilla fiscalizada y la que los productores utilizan obtenida de multiplicaciones de semillas adquiridas en años anteriores, lo cual se conoce habitualmente como uso propio», dijo CARBAP.
La entidad que conduce Mario Llambías apuntó que Monsanto «tampoco aclara que tiene convenios con las empresas semilleras por medio de los cuales tiene reconocido el pago de las regalías por el aporte que sus eventos hacen a la semilla que se comercializa en la Argentina.
Por ello, no debe pagarse nuevamente por esos eventos como reiteradamente la empresa reclama».
CARBAP rechazó «todo pago de regalías relacionado con la cosecha.
La semilla es un insumo más para la generación de la producción y como tal se debe comercializar antes de su utilización».
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