La desfederalización, el esquema impulsado por el gobernador Felipe Solá para que los jueces provinciales se hagan cargo del combate al narcotráfico en pequeña escala, plantea dudas y resistencias a lo largo de todo el sistema judicial bonaerense:
los criterios para determinar en qué casos actuarán los magistrados y fiscales provinciales no terminan de estar claros, los recursos para hacer frente a la previsible lluvia de nuevas causas en los tribunales ya saturados no están asegurados y los posibles abusos policiales son algunos de los puntos sin resolver.
Después de insistir con el tema por más de un año, Solá festejó en julio pasado la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Desfederalización -26.052-. Pero no logró todavía que la Legislatura provincial le apruebe la ley necesaria para adherir al régimen nacional y habilitar de ese modo a los 431 fiscales y más de 530 jueces bonaerenses a actuar en causas por drogas.
Tampoco está claro cuándo comenzará a funcionar ese esquema: el Ministerio de Justicia asegura que no bien la interna permita que la Legislatura opte por uno de los dos proyectos de adhesión que hoy tienen media sanción -son idénticos, la única diferencia es que uno es felipista y otro duhaldista- y lo transforme en Ley, comenzará a regir la desfederalización.
Pero en la Justicia no están para nada seguros: antes tiene que terminarse la reglamentación de la ley nacional, y por ahora nada se avanzó en ese punto.
La competencia en danza
Esa reglamentación deberá salvar el principal escollo de la desfederalización hoy: el hecho de que «los criterios para establecer la competencia no están claros», según reconoció la procuradora General de la Corte, María del Carmen Falbo.
Desde el Ejecutivo habían dicho que el Sedronar establecería cantidades concretas de droga para considerar una causa de pequeña escala. Pero en la Justicia piensan que eso es antijurídico y que en realidad deberá apelarse a la jurisprudencia previa de la Corte Nacional.
Otra cuestión no menor: qué hacer si un cargamento de, por caso, cocaína, pesa 5 kilos, pero contiene mezcladas sustancias que no son estrictamente prohibidas, por ejemplo analgésicos de venta libre.
En ningún punto de la maraña legal actual se resuelve si se considera el caso por la sustancia «impura» o por el contenido de droga específico, más liviano y por tanto, más factible de ser considerado de uso personal y remitido a la Justicia provincial.
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