Primero fueron los casos de cuatrerismo, más tarde el robo de maquinarias y camiones cargados con cosechas, después fue el turno de las golpizas y hasta asesinatos de los productores; ahora la nueva modalidad es la usurpación directa de campos. Así el delito rural parece estar en constante evolución, siempre dispuesto a golpear donde menos se lo espera.
En el último tiempo, los casos sobre la irrupción de bandas organizadas y con conexiones de toda naturaleza en los partidos de Presidente Perón, Coronel Brandsen y San Vicente, entre otros, confirmaron la existencia de esta nueva modalidad con la que opera el delito rural. El interés ya no es apoderarse de la hacienda o la cosecha, ahora van por más: quedarse con la tierra, con todo lo que hay dentro del establecimiento.
El coordinador del área de Seguridad de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, señaló que aún quedan unas 12 usurpaciones por resolver en zonas como Guernica, partido de Presidente Perón, Brandsen y San Vicente.
Sin embargo, llegarían a 30 los casos en la provincia de Buenos Aires si se comprueban las denuncias de diversos particulares que se habrían contactado con la Red de Emergencia Solidaria para Productores Agropecuarios (Respa).
A diferencia de las otras modalidades delictivas, se presume que para concretar este tipo de delitos son necesarias, además de las bandas que ingresan a los establecimientos armados, la protección policial y la complicidad de escribanos que falsificarían documentos para instalar una dura batalla judicial en torno de la propiedad de la tierra una vez consumada la usurpación.
El artículo 181 del Código Penal establece una pena de hasta tres años para quien comete una usurpación; sin embargo, el delito es excarcelable.
Aún no hay una única hipótesis sobre los eventuales objetivos de esta modalidad delictiva. No obstante, existe la posibilidad de que en una zona como Guernica, donde sobre la ruta 58 puede observarse un paisaje que combina lujosos countries con campos poblados con vacas, se esconda la búsqueda de un negocio inmobiliario, dividiendo la propiedad en lotes, ya que se estima que el valor de la hectárea por la zona ronda los 3000 dólares.
Detrás del delito habría un complejo accionar. «Hay una organización importante que no abarca solamente a la policía, que es el hilo más delgado. Hay también escribanos, porque todo comienza allí, con documentación apócrifa.
Mientras uno va a pelear la usurpación a la justicia penal, ellos (por los usurpadores) están inscribiendo el campo con el nombre de otra persona, con hipoteca, y después la ejecutan en subasta pública», describió el modus operandi Armando Crespo Furlán, quien logró volver a entrar a su campo usurpado, Lomas de Vizcacheras, sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 84, en el partido de Brandsen, que estaba ocupado desde el 1° de junio pasado.
Hoy las sospechas también apuntarían hacia organismos desde donde se podrían haber filtrado distintos datos confidenciales, como el Registro de la Propiedad y Rentas. «Hay información que saldría de allí», expresó el coordinador Apaolaza.
Por los distintos casos ocurridos hasta el momento en zonas como Brandsen y San Vicente ya fueron echados de la policía bonaerense dos efectivos y otros tres quedaron desafectados de sus servicios.
La restitución de los campos, concretada por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, fue ordenada por los jueces de Garantías N° 1 y N° 3 de esta ciudad, Guillermo Federico Atencio y Néstor de Aspro, y pedida por los fiscales Tomás Morán y Ana Medina.
Modus Operandi
Los fiscales acreditaron un modus operandi común a los distintos casos: los presuntos usurpadores ingresan en el campo cuando no se encuentra el encargado, o bien lo sacan por la fuerza. Una vez que los dueños se enteran de lo ocurrido, comienza una disputa judicial en la que los nuevos ocupantes presentan documentación presuntamente apócrifa que vuelve engorroso el trámite en la Justicia.
Apaolaza se mostró conforme con los avances en las investigaciones y sostuvo que «estamos frente a una nueva modalidad delictiva. Una de las cuestiones que planteamos es que el Estado adopte las medidas necesarias para que no se filtren datos de organismos como Rentas o Catastro».
La descripción de los hechos que cada denunciante hizo tiene varios puntos coincidentes. Participan entre cinco y 15 personas que llegan cuando el casero no está. Si lo encuentran lo obligan a irse por la fuerza. Después cambian los candados de la tranquera y se instalan tomando posesión del campo. A partir de entonces, usurpados y usurpadores se arman para defender lo que, aseguran, es suyo.
Los denunciantes están convencidos de que las usurpaciones son cometidas por bandas organizadas que hacen inteligencia previa sobre las víctimas y que contarían con protección política y/o policial.
Tal es así que en algunos casos los denunciantes dan cuenta de que actuaron agentes uniformados
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