Un proyecto de ley presentado por el diputado radical Luis Bruni intenta poner fin a las maniobras de las conocidas «liga de compradores» que entorpecen las subastas, amedrentando a los interesados en los bienes o valiéndose de otros censurables artilugios, obteniendo así importantes ganancias producto de las compras a bajo precio de los muebles e inmuebles rematados, para su posterior venta a los precios de mercado.
«Estas organizaciones que actúan en forma cuasi-mafiosas con fines meramente especulativos y oportunistas, se encuentran siempre al asecho esperando obtener una rápida ganancia en base al aprovechamiento de sus maniobras fraudulentas e ilegales», sostuvo Bruni.
La iniciativa prevé cambios en el Código Procesal Civil y Comercial que limitan el accionar de estas organizaciones y brinda transparencia al proceso judicial de las subastas.
Precios mínimos
Una de las modificaciones tienen que ver con el precio mínimo de los bienes subastados, que en el caso de los muebles no se encuentra previsto y en el de los inmuebles está basado en una desactualizada valuación fiscal. De este modo, se propone que el Juez requiera un informe sobre el valor actual para imponer una base más cercana a la realidad y manteniendo la proporción de las 2/3 partes de su valor, evitando adjudicaciones por montos irrisorios.
También establece la presentación de ofertas en sobre cerrado con el monto que el interesado está dispuesto a pagar para adquirir el bien, lo que deberá ir acompañado de una boleta de depósito judicial por el 10 por ciento del importe propuesto que se tomará a cuenta en caso de salir favorecido o de lo contrario se le reintegrará.
El Juzgado correspondiente recibirá las propuestas hasta dos días hábiles antes de la subasta, mientras que el Magistrado realizará la apertura el día anterior en forma reservada y notificará al Martillero interviniente sobre el mayor importe que será el punto de partida para el remate.
Para evitar una modalidad utilizada por los grupos mencionados en la que el último oferente no cumple con lo estipulado en las subastas y las hace fracasar, con el objetivo de conseguir una reducción en el valor, se determina que el Martillero deberá reiniciar la puja partiendo de la última postura anterior a la frustrada.
Por último se faculta al Auxiliar del Juez a dar instrucciones a personal de seguridad para identificar y retirar a las personas que interfieran en su labor, evitando que ingresen y egresen del recinto de la subasta mientras se realiza el acto.
«Con esta ley estaremos implementando un sistema que asegure claridad, transparencia y eficiencia en toda la operatoria de las subastas judiciales, evitando el accionar especulativo de verdaderas asociaciones para delinquir y sacar ventajas» afirmó el diputado Bruni.
El legislador radical se mostró sorprendido por la falta de respuestas por parte del Ejecutivo: «me sorprende que hasta ahora el Estado no haya podido encontrar la forma de detener este accionar, admitiendo la existencia de bolsones o espacios donde se impone la ley del más fuerte».
Finalmente, Bruni señaló que «es deber irrenunciable del Estado velar por los derechos de todos los ciudadanos, tanto el de obtener precio razonable y justo de quienes deben vender forzosamente sus bienes para saldar deudas, como el de comprar libremente sin ser ‘apretado’ por terceros».
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