El doctor Alfredo Dagna agrega, “aún no obtuvimos ninguna respuesta de la empresa, no obstante seguiremos insistiendo y cuando estén terminadas todas las demandas vamos a intentar un nuevo acercamiento para ver si quieren darnos una respuesta o no”.
Todas las demandas contra ING están siendo llevadas adelante por el Dr. Dagna de la ciudad de Junín (provincia de Buenos Aires), y provienen de Misiones, Concordia, Corrientes, Gualeguaychú, San Francisco, Rafaela, La Rioja, San Luis, San Rafael, Venado Tuerto, Pergamino, Junín, Campana, Zarate, Olavaria, Mar del Plata, Necochea, Bariloche, y Trelew.
Si bien cada caso fue diferente, todos ellos pagaron un monto por la franquicia que en la mayoría de los casos fue de U$S 10.000/15.000.
El monto de la demanda es de un millón por cada productor damnificado.
Dagna cree que en algún momento la empresa deberá dar respuesta a las demandas, “nosotros – afirma- tuvimos una reunión el 8 de junio y ya han pasado casi 60 días, y ni siquiera se dignaron a emitir una opinión”.
Y en estos 60 días se ha sumando un nuevo demandante de la ciudad de Reconquista, “sólo nos faltaría aún contactar a un productor de Santa Rosa, que sería la única persona que falta para cerrar nuestra estrategia con respecto a ING”. De esta manera sumarían 23 los damnificados por la empresa aseguradora.
No obstante, Dagna admite que algunas presentaciones de las denuncias están siendo demoradas debido a que hay paro de empleados judiciales, en “la provincia de Buenos Aires hay cinco demandas por lo que todo se atrasa aún más”.
¿Un león mudo?
El objeto de las 21 demandas es el mismo: “Daños y Perjuicios e incumplimiento contractual (sin responsabilidad del Estado)”, y los demandados son Nationale Nederlanden Cia de Seguros de Holanda, su sucursal de Argentina, y su representante legal Sr. Johannes Wiggert Hessel Richters.
El juicio se está llevando hasta su sede principal en Holanda, incluso se han enviado oficios al embajador de los países bajos para que también sea notificado a la corona de Holanda, y se solicitaron inhibiciones y embargos preventivos ya que la compañía no tiene domicilio legal en el país.
Según los productores lo que más les ha afectado es el deterioro de su imagen, e incluso antes las comunidades donde viven, considerando que muchos pertenecen a pueblos del interior del país donde el trato cara a cara es habitual.
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