Los radares en algunas de estas vías no sólo salen a la caza de los excesos de velocidad sino también de los conductores que avanzan sobre otro vehículo sin respetar la doble línea amarilla.
Aún así, los aparatos no están autorizados para funcionar en la provincia en de Santa Fe.
De esta forma, la polémica desatada desde la instalación de los primeros cinemómetros en las rutas santafesinas parece sumar un nuevo capítulo; y simultáneamente, entre los detractores de este tipo de controles, aumentan las sospechas sobre el «exclusivo fin recaudador» del sistema.
El Subsecretario de Transporte de Santa Fe, Jerónimo Bonavera dijo «Hay cientos de quejas», sostuvo quien es asesor en el área de Tránsito y Seguridad Vial de la dependencia provincial.
En lo que va del año, en las oficinas de la Defenso- ría ya se presentaron 605 denuncias relacionadas con multas labradas mediante radares, de las cuales 401 se realizaron dentro de la provincia. Y la mitad de estas infracciones se alzaron en sólo dos localidades: Pujato y Venado Tuerto.
Las sospechas del funcionamiento de los radares son muchas.
Hace una semana un conductor se enteró que, en un mismo día había sido sancionado en Pujato y en Correa.
El problema es que las multas se labraron con sólo dos minutos de diferencia, siendo impensable que un vehículo circule por la ruta 9 y la 33 al mismo tiempo.
De este modo, el defensor del pueblo consideró que los operativos de control «deben servir para garantizar la seguridad vial y no para emitir un montón de multas con un fin exclusivamente recaudatorio».
Igual declaración de principios expuso el asesor de la subsecretaría provincial de Transporte.
«Con estas multas, los primeros que están en infracción son los municipios y comunas -indicó Bonave- ra- ya que desde abril del año pasado ningún radar está autorizado a funcionar en las rutas provinciales».
Por esta fecha, la Subsecretaría de Transporte emi tió una resolución para suspender todos los procedimientos de control de velocidad mediante radares hasta tanto se reglamentara la ley que regula su uso.
Esta entró en vigencia el pasado mes de diciembre, sin embargo «ningún municipio rehizo el convenio que autoriza la reinstalación de los radares, por lo cual todas las multas que se labren por este sistema son inválidas», explicó el asesor en materia de tránsito y seguridad vial.
Lo mismo sucede con las cámaras que detectan a quienes traspasan la doble línea amarilla.
«Hasta que las municipalidades firmen el convenio con la provincia y ésta los autorice a usar los aparatos, no pueden poner en marcha los controles», aclaró Bonavera.
Por lo tanto no se debería pagar sin antes consultar a la Subsecretaría de Transporte de Santa Fe.
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