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07/07/2005
Las causas en San Nicolás

La represión ilegal en la región


Juan Murray es el fiscal subrogante del juzgado federal de San Nicolás, a cargo del doctor Carlos Villafuerte Russo. Es quien está promoviendo la prueba necesaria sobre los hechos que comenzaron a configurar el terrorismo de estado desde la invasión a Villa Constitución, en marzo de 1975 hasta 1983.


En agosto de 2004 requirieron «la reapertura de todas las causas relativas a la represión ilegal instaurada en nuestro país entre 1975 y 1983 en todo el área que configuraba la vieja jurisdicción del juzgado de San Nicolás, que estaba comprendida por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Campana, Capitán Sarmiento, Zárate, Pergamino, Rojas y Colón».


Se debe recordar que en nuestra zona los encargados de reprimir era, la Subzona 1 Capital Federal a cargo de 2º Comandante del 1º cuerpo de Ejército y dependía la Subzona 13: a cargo de Comando Artillería 101, con asiento en Junín y jurisdicción sobre los partidos de: General Villegas, General Pinto, Leandro N. Alem, General Arenales, Colón, Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Suipacha, Chivilcoy, 25 de mayo, 9 de julio, Lincoln, Carlos Tejedor, Rivadavia, General Viamonte, Junín, Rojas, Salto, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Chacabuco y Bragado.


Por otro lado, agregó que ya existen pruebas testimoniales que se incorporan en los diversos legajos aportadas por familiares de las víctimas que se presentaron como querellantes particulares.
A manera de ejemplo relató que en la causa Di Pasqua, (causa madre), se presentó Alba Lancilloto, que es secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo.


También están los testimonios de Claudio Novoa y Gastón Gonzálvez, en una matanza ocurrida en 1976 en calle Juan B. Justo, en San Nicolás; y las hermanas de Osvaldo Cambiasso, requiriendo la reapertura de la causa. Allí estuvo imputado Luis Abelardo Patti.


Apuntó que «tiene una gran importancia la causa del obispo Ponce de León. Una causa especial que condensa todo lo que sucedió en ese período en esa jurisdicción, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.


Vamos reconstruyendo la relación entre todos los poderes económicos de la zona con la represión ilegal. Simples ciudadanos, laicos y religiosos están aportando testimonios muy importantes sobre la pastoral de Ponce de León. Se trataba de una personalidad notable. En San Nicolás hay una imagen de Ponce de León que pertenecía a una casta privilegiada o que tenía cierto espíritu conservador.


Sin embargo, lo que vamos reconstruyendo, indica todo lo contrario. Una persona absolutamente crítica a las situaciones de injusticia, de acumulación de poder y dinero y creemos que en todo eso está la causa de la muerte de Ponce de León», afirmó.


En relación a la participación de policías y militares de la provincia de Santa Fe, Murray destacó que «no solamente en Cambiasso Pereyra Rossi o en el quíntuple homicidio en San Nicolás, se ha determinado una comunicación fluida y una información proveniente del servicio de informaciones de la policía de la provincia de Santa Fe que se hizo presente en San Nicolás y que intervino en la matanza juntamente con personal de la policía federal, de la bonaerense y directamente coordinada por la jefatura del área militar 132 que estaba a cargo del teniente coronel Saint Aman. Eso se ha determinado y documentado en la causa. Y también por documentos de la época, de 1976.


Toda la información y apoyo directo provino de la policía de Santa Fe bajo las órdenes del Segundo Cuerpo de Ejército», remarcó el fiscal subrogante.


En la causa Cambiasso - Pereyra Rossi se pidió la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final para ordenar «la indagatoria de Patti, Spataro y Diéguez, porque la prueba obtenida en su momento ya eran suficientes para dictarles orden de procesamiento y no de sobreseimiento como se hizo.


También en la causa Novoa tenemos datos muy firmes sobre quiénes fueron los asesinos de María del Carmen Granada pero estamos tratando de terminar de hilvanar toda la prueba de la causa», finalizó diciendo el fiscal.


Detrás de los asesinos materiales que comenzarán a desfilar por los tribunales de San Nicolás, están los intereses de las grandes empresas de la región sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, sus abogados, gerentes de personal y otros civiles que, por ahora, brillan por su ausencia en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. (Argenpres)


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