El abogado -que participa de los encuentros que se desarrollan en la Legislatura provincial para debatir reformas penales- se mostró a favor de que se implementen juicios cortos y sentencias rápidas con el fin de descomprimir la situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires.
«Una persona no debería estar detenida más de seis meses sin condena, porque de ese modo no estamos respetando la presunción de inocencia», señaló.
Alvarez puso como ejemplo el caso que trascendió la semana pasada de Carlos Contreras -ahora de 35 años- que estuvo detenido sin sentencia acusado de un homicido en San Vicente y finalmente fue declarado inocente tras permanecer en prisión cuatro años.
«Es una aberración, no hay dinero en el mundo que le pague a un persona sus días de detención siendo inocente», consideró.
Por otra parte, se mostró a favor de la resolución de la Procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, de derogar la norma que obligaba a los fiscales de la Provincia a apelar todas las resoluciones judiciales que otorgaban la excarcelación a un procesado.
Dijo: «Estoy totalmente a favor, hay que evaluar cada caso en particular porque si no pasa el tiempo inútilmente en apelaciones que no son necesarias».
La resolución de Falbo modificó la número 752 del año 2000 que obligaba a los fiscales de primera instancia y a los de Cámara a «agotar las vías recursivas respecto de resoluciones judiciales que concedan el beneficio de la excarcelación».
Esa orden había sido firmada por el ex procurador Eduardo Matías De la Cruz, en el marco de la denominada «mano dura» que impulsó el ex gobernador Carlos Ruckauf y que restringió las causales de excarcelación en la Provincia.
Alvarez dijo que la decisión de Falbo «jerarquiza la labor de los fiscales, quienes ahora podrán evaluar cada caso en particular para decidir si recurren o no las excarcelaciones». «Después, cada fiscal deberá rendir cuentas a la sociedad si recurrió o consintió la resolución que excarceló a un procesado», graficó.
Es que la política de mano dura aplicada durante la gestión de Ruckauf, que incluyó un paquete de leyes para restringir las causales de excarcelación, fue uno de los principales motivos de la superpoblación y hacinamiento que padecen hoy los internos alojados en las cárceles bonaerenses.
Según datos de la cartera de justicia bonaerense, la población carcelaria se duplicó en los últimos cinco años, aunque de los 25 mil presos alojados en las 39 cárceles de la Provincia, sólo un 20 por ciento tiene condena.
Si bien Alvarez reconoce como grave la situación en las cárceles, destaca la voluntad política de Solá de mejorar la situación «porque este gobierno está trabajando en la creación de nuevas cárceles y ampliación de otras, convoca a los distintos integrantes de la Justicia a debatir el tema, realmente creemos que hay buena intención de hacer cambios».
En efecto, la Provincia prevé construir durante 2005, 5.300 nuevas plazas. Pero, para el titular de la entidad colegiada no hay que descuidar la temática de la reinserción social: «Si a una persona que estuvo detenida no le garantizamos un trabajo al salir, las posibilidades de reincidir son altísimas porque lo empujamos a la marginación».
De acuerdo a detalles de la cartera de Justicia hay 1.500 asistentes sociales para tutelar a los más de 37.500 detenidos en «libertad condicional». Es decir, cada asistente deberá seguir el día a día de 25 tutelados que buscan reinsertarse en la sociedad.
La Provincia tiempo atrán anunció la idea de dar subsidios a los tutelados que rondarían los 400 a 600 pesos
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