Por este motivo, y ante la escasez de controles de parte de la Municipalidad por falta de efectivos, la Cámara de Alimentarios de la ciudad solicitará a la Provincia la anulación de la ley impuesta por el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba) en ese distrito.
En Pergamino, tras una prórroga de tres meses para obtener la licencia, el porcentaje de acatamiento a la nueva reglamentación apenas si alcanza el 30 por ciento, dato que evidenciaría un desinterés de los comerciantes para con las normas vigentes basado en que la tasa para minoristas es muy alta.
A su vez, esto despertó quejas entre quienes sí se adhirieron al Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba).
Según datos obtenidos en los barrios periféricos de la ciudad, la proporción de negocios inscriptos es de uno cada seis existentes, en cambio en el radio céntrico es de cuatro adheridos al Reba cada cinco instalados.
En tal sentido, el presidente de la Cámara de Alimentarios local, Nelson Figueredo, expresó a ese medio que «en Pergamino hubo un 30 por ciento de los comercios que se adhirieron espontáneamente a la ley y tramitaron la oblea del Reba. Actualmente, el resto de los comercios vende bebidas alcohólicas sin la correspondiente autorización».
Para Figueredo, «no hubo intención de parte de las autoridades para que la norma se cumpla, debido a que desde el Municipio no cuentan con el personal necesario para ejercer los controles.
La Provincia sancionó la ley; prorrogó el plazo de inscripción al observar que no tenía aceptación; y terminó tirándole la responsabilidad al Municipio que no tiene la capacidad para hacerlo».
Además, esto generó las quejas y denuncias de los comerciantes que pagaron y se inscribieron en el Reba. En consecuencia, los comerciantes pidieron a la Cámara de Alimentarios que interceda ante la Provincia para que derogue esta normativa, entendiendo que es de imposible aplicación.
«Es necesario hacer un control tipo «operativo rastrillo» con gran cantidad de personal que el Municipio no tiene, por lo que es imposible», explicó el titular de la Cámara de Alimentarios.
Por ello, desde allí, se está «gestionando ante el Centro Provincial de las Adicciones (CPA) la derogación de la ley» porque «entendemos que es inaplicable en tanto y en cuanto no esté contemplado el pago a inspectores que realicen los controles para que exista el principio de igualdad», afirmó el presidente de la entidad.
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