El ex intendente de Villa Cañás durante catorce años y también ex diputado provincial por la UCR, Rubén Alberto Miret fue condenado a dos años y medio de prisión de ejecución condicional. El juez de sentencia N°1 Luis Malfante lo encontró responsable del delito de tráfico de influencias reiteradas en concurso real y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. En la primera parte de la nota en la pasada edición decíamos que había sido fundamental las declaraciones de los jefes comunales de Wheelwright y Teodelina –entre otros-
Como se recordará los titulares de estas comunas fueron “invitados” a invertir mil pesos por vivienda construida en el Dpto. Gral. López desde la dirección de Vivienda de la Provincia y ratificaron sus dichos ante el juez de instrucción de la tercera nominación Julio Cesar Costa.
Por aquel entonces, Costa citó a declarar a los presidentes comunales de Maggiolo, Lazzarino, Sancti Spíritu, Carmen, Hughes, María Teresa, Teodelina, Cafferata, Wheelwright y los inten- dentes de Venado Tuerto y de Villa Cañás. Entonces, sólo cinco de ellos ratificaron en forma puntual, todas las imputaciones que habían manifestado a los legisladores integrantes de la comisión de Labor Parlamentaria de diputados que escuchó sus testimonios y presentó ante la Justicia la denuncia penal correspondiente.
Los jefes comunales de Cafferata Juan Priotti; de Carmen, Andrés Brunel; de Lazzarino, Ramón Ortiz; de Maggiolo, Daniel Mondino y de Wheelwright, Juan Bilicich; aportaron en su momento datos altamente comprometedores sobre la participación del diputado caído en desgracia.
El descargo de
los imputados
Por su parte Rubén Miret, negó los hechos que le fueran atribuidos por los presidentes comunales e inten- dentes del dpto. Gral. López. El ex legislador aceptó haber concurrido a la Dirección Provincial de Vivienda para tramitar solicitudes a comunas del Dpto. Gral. López pero “niego terminantemente haber tenido las entrevistas mencionadas con los Sres. Mondino, Brunel, Caram, Ortiz y Munge”.
El diputado declaró que “a todos ellos les hizo el comentario sobre llamados anónimos que él había recibido, mediante los cuales se le decía que hable con los ptes. comunales de López para indicarles que para agilizar certificaciones y acceder a futuros planes tenían que hacer pagos al respecto”. “Quería alertarlos y prevenirlos para el caso que los llamaran” puntualizó en sede judicial. Miret dijo que “nunca pudo saber quien lo llamaba porque le aparecían mensajes como “privado o llamadas a cargo”. Por su parte Adolfo Príncipe rechazó también las imputaciones señalando que estaba al tanto de que “Miret recibía llamadas anónimas (...) sobre alguien que le hacía saber que para facilitar los trámites de adjudicaciones de viviendas a las comunas del dpto. Gral. López había que hacer un aporte de $1.000 por vivienda”.
Príncipe “admite la reunión con Caram Pte. comunal de Cañada del Ucle, sosteniendo que le advirtió del requerimiento que podía ser objeto, negando haber pedido el pago de suma alguna” y que sus acusadores “mienten en sus afirmaciones”.
Además, Eduardo Battié admite “haber mantenido reuniones con Andrés Brunel, presidente comunal de Carmen, en el Hotel España, pero para hablar de las demoras en las adjudicaciones de planes de vivienda y no para solicitar dinero”.
Los aportes de
Costa que rescata Malfante
El magistrado de instrucción sostuvo en su procesamiento de septiembre de 2001 que “los delitos investigados registran dos momentos de comisión, uno de forma personal y otro en forma telefónica pero siguiendo el mismo objetivo: solicitar el aporte de sumas de dinero para funcionarios de la DPV bajo pretexto de facilitar adjudicaciones de planes de viviendas, caso contrario, los mismos no se concretarían y se verían trabados en el futuro”.
Para Costa “las versiones de Mondino, Ortiz, Caram, Brunel, Vigliocco y Munge, (...) que además cuentan con testigos (...) resultan verosímiles ante las infundadas explicaciones brindadas por los imputados, (...) ya que dicen haber tomado conocimiento de posibles requerimientos pero no realizaron denuncia alguna”. El magistrado subrayó que “la relación que guardan entre sí los relatos de los testigos en cuanto a las condiciones dadas a conocer por Miret y Príncipe al efectuar las solicitudes, indicando la forma en que debía hacerse el pago, como así también las advertencias para el caso que no dieran cumplimento a las mismas”.
“Tales solicitudes -señaló Costahechas en forma personal por Miret y Príncipe, guardan una estrecha vinculación con las llamadas telefónicas realizadas a determinados funcionarios comunales por quién se identificara como “Juan Pérez” presentándose como funcionario de vivienda”.
Agregó por aquel entonces Costa que “los contactos telefónicos fueron efectuados desde aparatos internos ubicados en la DPV en fechas y horarios aportados por los testigos (...) y las formas de requerir las condiciones impuestas apuntadas , resultan similares a las expuestas por Battié en la entrevista mantenida con el presidente de la Comuna de Carmen, Andrés Brunel, quien denunció que Battié le había solicitado $1.000 por vivienda adjudicada”. Al mismo tiempo el magistrado destacó que existió una “llamativa similitud por parte de los pedidos de Miret y Príncipe” con los realizados por “Battié, situación que le otorgan mayor credibilidad a los dichos de quienes resultaran sujetos pasivos del delito referido”.
Para el juez Costa “el delito de concusión configurado en forma agravada de conformidad a lo establecido por el art. 267 del CPP” es el más pertinente para ser aplicado en la oportunidad, tanto a Miret, como a Príncipe y a Battié”. De acuerdo a lo fundamentado por el magistrado “el medio comisivo empleado al solicitar las dádivas para evitar inconvenientes en la adjudicación de viviendas reviste carácter intimidatorio ya que quienes lo efectuaron en su momento disponían de suficiente ascendencia y autoridad sobre quienes fueran requeridos”
“Se trata de una investidura de poder sí impone natural respeto, a lo que debe sumarse que tales requerimientos fueron hechos en idéntico sentido hacía su secretario Príncipe, otorgándole a su acción una considerable presión moral frente a los requeridos” puntualizó Costa. Además el magistrado agregó que “las llamadas telefónicas de Juan Pérez, hechos atribuidos a Battié, quien se identificaba cono funcionario de la DPV convalidando de esa forma las propuestas personales efectuadas, accionar éste que ya había trascendido entre los demás representantes comunales del dpto. Gral. López”.
Fuentes tribunalicias dejaron trascender que Malfante tuvo en cuenta las actuaciones realizadas por el juez Costa y en virtud de ello y casi cuatro años después de aquel procesamiento condenó el ex diputado Rubén Miret a dos años y medio de prisión de ejecución condicional al encontrarlo responsable del delito de tráfico de influencias reiteradas en concurso real y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La decisión del juez de sentencia, como ya lo señaláramos, fue apelada por los defensores del ex hombre fuerte de Villa Cañás.
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