El juez de sentencia N°1 Luis Malfante lo encontró responsable del delito de tráfico de influencias reiteradas en concurso real y lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
Vale recordar que Miret fue protagonista de uno de los hechos más singulares de la historia parlamentaria de la provincia de Santa Fe: al tomar conocimiento del procesamiento del por entonces legislador radical, sus pares de la cámara de diputados por unanimidad lo expulsaron de su escaño haciendo uso del artículo 50 de la Constitución de Santa Fe que habilita al cuerpo a excluir de su seno a cualquier legislador «por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones». Aquello fue una resolución que se asemejó a una verdadera sentencia política de naturaleza inapelable.
Las mismas figuras y penas, es decir, tráfico de influencias reiteradas en concurso real e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos le fueron endilgadas a Adolfo Príncipe, su más estrecho colaborador político. En tanto que el agente de la Dirección Provincial de Vivienda, Eduardo Battié, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el mismo delito.
Si bien no trascendieron los contenidos de la sentencia dispuesta por el magistrado interviniente, fuentes tribunalicias confirmaron que Malfante siguió los elementos interpretativos del hecho realizados por el juez Julio César Costa, al disponer el procesamiento de Miret por el delito de concusión, agravada en forma reiterada en concurso real. La concusión, art. 267 del CPP, es una de las variantes de las exacciones ilegales, o en términos más llanos, coimas.
La Causa Vivienda:
Una sórdida historia de coimas y tráfico de influencias
El procesamiento dictado el 11 de septiembre de 2001 por el Dr. Julio César Costa contra el legislador radical Rubén Miret, su colaborador Adolfo Príncipe y el agente de la D.P.V Eduardo Battié, contiene un interesante entramado de situaciones que dan cuenta, de como se solicitaron coimas por parte de un legislador y su colaborador a una serie de comunas del Dpto. Gral. López.
Esta lectura de los hechos, de acuerdo a fuentes tribunalicias bien informadas, sería el plexo probatorio sobre el cual el juez Malfante dispuso la condena del trío.
La condena impuesta por Malfante y que ya fue apelada por los asesores legales de Miret, estaría indicando la presunción del magistrado de que tanto el ex diputado radical, como su colaborador Príncipe y el empleado de la DPV Battié habrían solicitado un determinado monto de dinero para gestionar la construcción de viviendas en municipios y comunas del Dpto. Gral. López. A todos ellos se les imputó la participación en cuatro hechos delictivos. Tanto a Miret como a Príncipe se les imputó la participación en cinco hechos delictivos, mientras que a Battié se lo señaló como responsable de cuatro acciones irregulares.
Vale recordar que en el marco de las investigaciones llevadas adelante por el juez Costa en primera instancia testimoniaron los presidentes comunales de Cafferata, Carmen, Lazzarino, Ma- ggiolo y Wheelwright quienes aportaron datos comprometedores sobre la participación del diputado Miret en los pedidos de coimas a comunas para la construcción de viviendas.
Los titulares de estas cinco comunas fueron “invitados” a invertir mil pesos por vivienda construida en el Dpto. Gral. López desde la dirección de Vivienda de la Provincia y ratificaron sus dichos ante el juez de instrucción de la tercera nominación Julio Cesar Costa.
Por aquel entonces, Costa citó a declarar a los presidentes comunales de Maggiolo, Lazzarino, Sancti Spíritu, Carmen, Hughes, María Teresa, Teodelina, Cafferata, Wheelwright y los intendentes de Venado Tuerto y de Villa Cañás. Entonces, sólo cinco de ellos ratificaron en forma puntual, todas las imputaciones que habían manifestado a los legisladores integrantes de la comisión de Labor Parlamentaria de diputados que escuchó sus testimonios y presentó ante la justicia la denuncia penal correspondiente.
Los presidentes comunales de Cafferata Juan Priotti; de Carmen, Andrés Brunel; de Lazzarino, Ramón Ortiz; de Maggiolo, Daniel Mondino y de Wheelwright, Juan Bilicich; aportaron en su momento datos altamente comprometedores sobre la participación del diputado caído en desgracia.
Por ende, la situación procesal, junto a la de su colaborador directo Adolfo Príncipe quien también habría participado en forma personal en la gestión de los hechos ilícitos y a la de Battié, fueron las más comprometidas, quedando evidenciado en el juicio de probabilidad que es este procesamiento donde Costa les imputó concusión agravada en forma reiterada en concurso.
Testimonios reveladores
El texto de procesamiento de Costa y base del pronunciamiento de Malfante, señala que “al prestar declaración testimonial el Pte. Comunal de Maggiolo, Daniel Mondino, expresa que en oportunidad de concurrir al Hotel Riviera de Venado Tuerto a una reunión convocada por el diputado Miret, éste y su secretario privado Adolfo Príncipe le manifestaron que iba a recibir un llamado de la Dirección Provincial de Vivienda para requerirle el pago de $1.000 por vivienda adjudicada lo que rechazó por completo por considerarlo fuera de lugar”.
Miret le manifestó en la oportunidad que “los fondos que se recaudarán, serían destinados a financiar la campaña electoral del Gobernador Reutemann para el año 2003”, agregando que “si no pagaban iban a tener problemas y las viviendas no iban a ser adjudicadas”. También el presidente comunal de Lazzarino, Ramón Ortiz, expresó que “le fue requerido el pago de $1.000 por vivienda adjudicada de parte de Adolfo Príncipe en forma personal”.
Al prestar su declaración testimonial Andrés Brunel presidente de la Comuna de Carmen, se le hizo conocer que para acceder a un plan de vivienda para su comuna “debía pagar $1.000 por vivienda”. Quien le transmitió dicha alternativa fue Eduardo Battié, “con quien se reunió en el Bar del Hotel España” y donde el agente de vivienda le manifestó que “nunca había ganado plata con la política (...) y que necesitaba hacer algún tipo de diferencia, dando a entender que el dinero que se abonara sería para él”.
La modalidad de pago sugerida tanto para Brunel como para la mayoría de los presidentes comunales contactados era sacar un determinado monto de dinero, del 15% de los fondos que se entregan por parte del gobierno provincial como adelanto para la concreción de las unidades habitacionales.
Para colmo de males, Brunel se encontró con Miret y Príncipe en el acto por el Centenario de la localidad de Wheelright, quienes le “aconsejaron pagar $1.000 por vivienda a fin de no trabar las cinco que ya estaban otorgadas”.
Ariel Caram, Pte. de la Comuna de Cañada del Ucle, a su turno le manifestó al magistrado que “recibió la visita de Miret y su secretario Príncipe (...) donde Miret le solicitó la necesidad de pagar $1.000 por cada vivienda adjudicada para asegurar la entrega, porque de lo contrario podría frustrarse la operación”.
Además intervino en la conversación el secretario Príncipe señalando que “podía hacer un dibujo con el contador” y de ahí saldría la suma que se requería. Caram expresó en sede judicial que “Miret le dijo que el dinero era para la corona”.
Raúl Vigliocco, asesor contable de la comuna de Lazzarino, recibió un “llamado telefónico de Miret” en su estudio (...) en la que le hace saber que la comuna “debía pagar $3.500” para acceder a una línea de planes de vivienda. Miret agregó que de no aceptar el trato “iba a quedar pegado con algo que afectaría su trayectoria política”.
Juan Carlos Munge, secretario administrativo de la comuna de Carmen manifestó que tuvo acompañó al presidente de su comuna Andrés Brunel hasta el Hotel España adonde lo esperaba una persona de apellido Battié de la dirección de vivienda que lo había invitado a un encuentro. Brunel le comentó después que “esta persona le garantizaba la continuidad de entregas de viviendas pero que tenía que poner $1.000”.
El turno de Juan Pérez
De acuerdo al texto del procesamiento en el mes de septiembre de 2001, Juan Priotti, Pte. de la comuna de Cafferata, en su testimonial declara que “en un almuerzo con otros presidentes comunales tomo conocimiento de que diputado Miret estaba requiriendo dinero para hacer efectiva la entrega de unidades habitacionales”.
Priotti agregó que “recibió en su domicilio un llamado telefónico de un tal Juan Pérez, quien le consultó si ya había hablado con Príncipe o Miret, a lo que respondió negativamente”. Priotti además señaló que Juan Pérez volvió a llamar “le manifestó que era un contratado por Vivienda de la Provincia y le volvió a preguntar si se había comunicado con Miret y Príncipe”. Al contestarle negativamente “la conversación tomó un cariz violento ante lo cual “Juan Pérez le manifestó que le convenía comunicarse con Miret”.
En el auto de procesamiento firmado por el Juez Costa, hace cuatro años atrás, se destaca el testimonio de Mario Ferreyra secretario de Obras Públicas de Villa Cañás quien recibió “el llamado telefónico de Juan Pérez quien se presentó como funcionario de la secretaría de viviendas solicitando el pago de $1.000 por Rodolfo Passini, empleado de “Ferretería Integral” propiedad del Pte. comunal de Maggiolo, Daniel Mondino “recibió un llamado telefónico de Juan Pérez de Vivienda” para saber si podía dar con su patrón.
Cabe agregar que Miret le comentó al Pte. Comunal de Maggiolo, Daniel Mondino, también a Ariel Caram Pte. comunal de Cañada del Ucle que andaba investigando “algo gordo” en Vivienda, pero sin entrar en mayores detalles. Fuente Pilo Monzon ECW (continuará)
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