El proyecto de Ley establece que a partir de su entrada en vigencia habrá un plazo de 10 años para que las distintas jurisdicciones alcancen una reducción, como mínimo del 25%, de la totalidad de los residuos con destino a la disposición final, en base a un programa de gestión de residuos domiciliarios que los Municipios deberán elevar en un lapso no mayor a los dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley.
Una vez aprobado, se deberán fijar los plazos para su implementación, los cuales no podrán exceder los cinco años. A partir de ese momento queda prohibida la gestión de residuos que no cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley y en su reglamentación, y en la Ley nacional 25.916.
En cambio, los municipios comprendidos en el Decreto Ley 9.111/78 tendrán un plazo de un año a partir de la aprobación del Programa de Gestión Integral para manifestar su adhesión. Si transcurrió dicho plazo sin pronunciamiento alguno, se considerará que la municipalidad ratificó su adhesión. Y en el caso de que no adhiera, deberá dar cumplimiento a las exigencias de la nueva Ley.
Según el proyecto, la Gestión Integral comprende las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición final.
Los conceptos básicos sobre los que se funda esta política son “los de precaución, prevención, monitoreo y control ambiental, solidaridad, cooperación, congruencia y progresividad; también valorizar los RSU mediante métodos y procesos de reuso y reciclaje; y promocionar las políticas de protección y conservación del medio ambiente, entre otros”.
Contra nuevos
basurales
También, se impedirá el establecimiento de nuevos basurales a cielo abierto en los municipios, y las autoridades comunales quedan obligadas a clausurar los existentes. Queda prohibida la quema, incineración o cualquier sistema de tratamiento no autorizado.
En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación podrá ejecutarlas, pero las tareas se harán con cargo al respectivo municipio. En tanto, se propiciarán acuerdos regionales entre municipios para el aprovechamiento de economías de escala en cualquiera de las etapas de la gestión, con el fin de avanzar en el desarrollo de mecanismos de regionalización provincial.
Y se creará el Registro de Tecnologías para recepcionar los proyectos presentados, que se podrán aplicar en cualquier tipo de operaciones, siempre que la tecnología o metodología sea aprobada por la Autoridad de Aplicación. Este Programa de Gestión Integral incluirá la selección de sitios de disposición final, ya sea en forma individual o regional.
En aquellos casos que no puedan dar cumplimiento con lo establecido en la Ley, con respecto a la localización de los sitios de disposición final, una ley especial determinará la ubicación de los mismos. El proyecto incluye un régimen sancionatorio para los incumplimientos. Toda violación será considerada infracción a los efectos de la aplicación del Régimen de Faltas Municipales y deberá ser sancionada por los respectivos distritos.
El Poder Ejecutivo, asimismo, podrá gestionar la obtención de líneas de crédito nacionales o internacionales para financiar la implementación de los programas a los de gestión de residuos. Además, se promoverá la ejecución de proyectos científicos-tecnológicos que tengan por objeto la búsqueda de nuevos conocimientos e innovaciones tecnológicas.
| 
