El endurecimiento de las penas es el principal «culpable» de la olla a presión que significa el sistema penitenciario provincial por estos días; los jueces también son imputados de «desatender las causas y abusar de la prisión preventiva por las dudas».
Mientras que del ´96 al ´98 el número de internos crecía de a mil por año; el año pasado creció en casi $300 por mes. En el año 2000 -cuando entró en vigencia la ley 12.405- había 15.467 detenidos; en el 2001 el número llegó a 16.886; en el 2002 había 18.931 detenidos; en el 2003 había 22.890 y en el 2004 hubo 24.958 detenidos.
Así, la tasa de encarcelamiento creció más del 100%; en Estados Unidos ese parámetro en el mismo período fue del 20% y en Chile del 70%. Es un síntoma relacionado directamente con el auge de la mano dura y la construcción de cárceles como respuesta al crecimiento de la inseguridad.
Desde noviembre del año pasado en el Servicio Penitenciario Bonaerense rige un cupo máximo de presos en cárceles. El SPB puede recibir 22.507 personas; esa resolución admite que ese cupo se puede «estirar» hasta 25 mil. Así todos los días, según el número de egresos (entre 30 y 50 por día), es posible el ingreso de nuevos presos que esperan en comisarías.
En las comisarías de la Provincia había, en el año 2000, 2.100 personas y en el 2004 el número de presos en comisarías ascendió a 6.700. Por caso, esta semana hubo dos motines con heridos en San Clemente del Tuyú y en Junín.
Según un informe que está realizando la secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de Remo Carlotto, se estipula que la gran parte de los problemas del SPB parten del hacinamiento; para tener una idea, si se tiene en cuenta la capacidad original de los establecimientos carcelarios cuando fueron construidos, ahora tienen un 55 % más de población.
El hacinamiento aumenta la violencia y además imposibilita cualquier posibilidad de bienestar para los internos, incluso para los guar dicárceles, cuyo número es menos de la mitad de los presos, cuando la normativa internacional establece que por cada preso debe haber dos guardiacárceles, uno para seguridad y otro para rehabilitar. Sin embargo, ni la seguridad de los presos se puede garantizar en la cárcel: este año murieron en forma violenta 24 personas, de los cuales 19 fueron homicidios.
El mismo informe establece que en igual nivel de demanda está la imposibilidad de acceder a la justicia. «Antes que poder salir al patio, o trabajar, los presos quieren ver al juez», y esa es una tarea casi imposible; para probarlo está el caso de Gonzalo Salerno, el chico de 22 años que pasó cinco años en la cárcel (estuvo en nueve penales) y fue liberado por falta de pruebas.
Los casos se multiplican: en Batán, un hombre ya cumplió un año adentro por haber intentado robar diez aerosoles en un supermercado; en La Plata una señora boliviana cumplió un año detenida por haber intentado pagar con un billete falso.
El informe establece claramente que los jueces optan por el camino más directo; dictan la prisión preventiva en la mayoría de los casos, generalizando una medida que debería ser una excepción.
El caso es preocupante porque, según lo explicitó el ministro de Justicia Eduardo Di Rocco, el año pasado se produjeron el 30 por ciento de absoluciones.
Perfil
El preso medio bonaerense, es del conurbano y el Gran La Plata, y cayó por delitos contra la propiedad que los cometió drogado o en busca de dinero para comprar drogas. El 96 % de los detenidos son hombres, el 61 % son jóvenes de entre 18 y 30 años, y el 25 % del total es por lo menos la segunda vez que está preso.
El 85 % del total de detenidos no tiene sentencia firme y el 75 % de todos los procesados no tiene, ni siquiera sentencia de primera instancia; en todos los casos los plazos «razonables» del debido proceso, son violados constantemente. La mayoría está adentro por robo simple o calificado por el uso de armas. Casi el 80 % de los detenidos del SPB bonaerense tienen domicilio en el conurbano.
Después del motín de Córdoba, todos volvieron la mirada hacia el SPB, desde el ministerio de Justicia aseguran que la situación «es muy complicada, pero no se vislumbra la posibilidad de un motín». Sin embargo están buscando alternativas rápidas para bajar el número de internos al cupo de 22.507 -ahora tienen tres mil más-. Por eso surgió la iniciativa de volver a implementar las pulseras magnéticas.
Además, para fin de año se preve la inauguración de cinco mil nuevas plazas; en poco tiempo se preve la inauguración de la cárcel de máxima seguridad de Urdampilleta, en el partido de Bolívar, otra en Campana para 500 personas, en Florencio Varela y en San Martín, también ambas para 500 personas; además de las alcaidías de Lomas de Zamora, Mar del Plata, La Plata, San Isidro y San Martín, todas con capacidad para 400 personas.
Además de los anexos para más de 120 personas, que se construirán en las cárceles de Magdalena, Mar del Plata y Azul.
Los establecimientos más complicados son los denominados «monstruos», como Olmos, que tiene 2.600 personas; Sierra Chica que tiene 1.590 personas; Unidad Nº 9 de La Plata con 1.359 y la Nº 13 de Junín con 806 internos.
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