»Las últimas noticias indican que no hay ánimo para una reforma», admitió Solá en el marco de Mesa de Diálogo para la Reforma Política 2005, que se realizó en la Gobernación, con la participación del ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo y más de 30 representantes de diferentes ONG’s. En ese ámbito Solá firmó los decretos y envió tres proyectos de ley a la Legislatura: el primero para reglamentar el proyecto de Iniciativa y Consulta Popular.
El segundo es el proyecto de ley que reemplaza el sistema electoral de la Provincia -que determina cómo se reparten las bancas legislativas de acuerdo con la cantidad de votos de cada partido político-; en concreto, se propone cambiar el sistema de cocientes -en vigencia- por el sistema ‘D´hont’ que rige ahora a nivel nacional. El tercer proyecto enviado a la Legislatura por el gobernador es el que limita a una sola la posibilidad de ser reelecto en forma consecutiva.
Si ese proyecto prospera habrá 66 intendentes que tendrán que buscar un sucesor en 2007: 32 son peronistas, 2 vecinalistas y el resto radicales. En la Cámara de Diputados bonaerense, de un total de 92 legisladores aproximadamente 25 no podrían presentarse en busca de un nuevo mandato; en el Senado sobre 46 legisladores 15 ya han cumplido o están cumpliendo con el segundo mandato y no podrán ser reelectos.
De todos los «involucrados» en la limitación, la polémica mayor se establece en los Ejecutivos municipales; es que hay ciudades en que son muy respetados los intendentes que parecen «perennes». Aunque también son criticados «porque son personalistas, y no generan dirigentes capaces de sucederlos».
Sin embargo todavía hay un salvoconducto: en el momento en que se sancione la nueva normativa, de acuerdo con el texto que envió Solá, el período en curso será considerado como el primero; si esto sucede después del 23 de octubre -elecciones legislativas- algunos que logren permanecer en el cargo podrán ser reelectos una vez más.Así, el Ejecutivo vuelve a la carga con la idea de reformar el sistema político; el año pasado mandó siete proyectos que no tuvieron buena recepción en la Legislatura -por ejemplo la eliminación de las listas sábanas-. «Es el origen de las rivalidades y peleas que hoy ven en los diarios», dijo Solá.
»Mantenemos esta Mesa de Reforma política para meter presión`», afirmó el gobernador. Desde el duhaldismo también impulsan proyectos reformistas: en la presentación de la línea Lealtad, se alimentó la idea de renovar a partir de la obligación de introducir un cupo joven en las listas de candidatos a cargos partidarios.
»Esto es lo que estimamos y sabemos, después de unas encuestas, que es lo que la gente quiere», se ufanó el gobernador. Después agregó un golpe directo al mentón del ex gobernador y ex Presidente: «Nuestra intención era que los dirigentes políticos se despeguen cada tanto del poder y puedan mirarlo de afuera y no metan la mano en el poder todo el tiempo.
Y, si pueden, volver». Justamente la acusación que hace el felipismo a Duhalde es que «no puede volver personalmente, pero tampoco quiere perder lugares».
Reparto de bancas
El otro proyecto legislativo es para cambiar el sistema de cocientes, que actualmente se utiliza en la Provincia para distribuir las bancas: los votos emitidos se dividen por el número de bancas a distribuir; esa cifra constituye un piso de votos, los partidos que no llegan a ese piso, no obtienen bancas.
Ahora Solá propone que se utilice el sistema ‘D´hont’, cuya fórmula para transformar los votos en bancas le permite a los partidos minoritarios tener representación legislativa, porque no hay sistema de «piso» electoral.
Democracia participativa
Por último Solá envió dos proyectos que buscan reglamentar dos institutos de democracia semidirecta comprendidos en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, desde 1994.
La Iniciativa Popular habilita a los ciudadanos la presentación de proyectos de ley en el ámbito legislativo. Las personas que quieran que su iniciativa se trate en la Legislatura, o en los Concejos Deliberantes, deberán requerir la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1,5 por ciento de la lista de electores utilizada en la última elección de diputados provinciales.
Sin embargo, los ciudadanos no podrán presentar proyectos de ley referidos a reforma constitucional, aprobación de tratados y convenios, presupuesto, recursos, creación de municipios y de órganos jurisdiccionales. Mediante la Consulta Popular, el Estado podrá requerir la opinión de los electores sobre decisiones gubernamentales, tanto ejecutivas como legislativas.
El texto del proyecto del Ejecutivo consigna que el voto podrá ser de carácter obligatorio o no, y vinculante o no -si es vinculante, el voto será obligatorio-. También se especifica que una Consulta Popular debe ser convocada con la aprobación legislativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes o por decreto del Poder Ejecutivo.
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