Esta decisión, ya definida, implica que los beneficiarios de estas medidas podrán seguir cumpliendo las penas en sus domicilios, o aguardar fuera de los establecimientos del Servicio Penitenciario la definición de su situación procesal.
Según trascendió en fuentes del ministerio de Justicia bonaerense, en los próximos días se concretará el llamado a licitación para ampliar la utilización de este mecanismo excarcelatorio, que permite monitorear desde una central el lugar donde están los presos que gozan de esta suerte de libertad vigilada.
En la actualidad hay sólo unos 100 procesados que utilizan este sistema, pero en Justicia pretenden ampliarlo para descomprimir la situación de super población que se registra en cárceles y comisarías.
La determinación de ampliar el número de casos de detenidos con libertad vigilada por medio de estas pulseras llega en momentos en que volvieron las denuncias sobre la situación de hacinamiento que se registra en las comisarías de la Provincia, en este caso efectuadas por el ministerio de Seguridad, a lo que se suma una situación parecida en las cárceles, denunciada sistemáticamente por organizaciones de Derechos Humanos y desde algunos estamentos de la Justicia bonaerense.
Tobillera
El sistema de pulsera magnética funciona en realidad como tobillera. Es una especie de anillo que se coloca a los presos a quienes se les otorga la excarcelación, y cuenta con un transmisor que emite una señal que es recibida por los operadores del Servicio Penitenciario, que así pueden determinar la localización del convicto.
Pero desde que se puso en práctica en 1997, el método ha recibido apoyos y críticas. Ocurre que si bien permite que salgan de cárceles y comisarías procesados enfermos o acusados de hechos delictivos menores, y al mismo tiempo mantener el control de que efectivamente cumplan con la reclusión domiciliaria, en la práctica el sistema fue varias veces burlado, ya que en varias ocasiones se determinó que algunos robos y asaltos habían sido cometidos por presos con libertad vigilada mediante estas pulseras.
En el ministerio de Justicia se admite que la compra de pulseras magnéticas fue resuelta para aportar «un paliativo» frente al enorme problema de la falta de plazas en el Servicio Penitenciario y en las comisarías, y no porque se considere que, al margen de ese problema, se debe impulsar la aplicación de mecanismos que permitan, en determinados casos, que el condenado cumpla la condena en su propio ámbito familiar y no aislado.
Pero también se reconoce en esa cartera que «hay muchos casos de detenidos que están en condiciones de estar fuera de las cárceles y que aguardan tener las pulseras para seguir cumpliendo la pena en sus casas». En Colón hubo dos casos que usaron tobilleras. En el primero el joven que la usaba asalto a un propietario de inmobiliaria. En el segundo caso el ladrón salía a robar cerca del barrio donde vivía.
Cifras que no cierran
Lo cierto es que, más allá de esta iniciativa, el tema central sigue siendo la falta de plazas en las cárceles para alojar detenidos, lo que hace que muchos queden alojados en comisarías a la espera de lugares en los penales.
En la actualidad en la Provincia hay unas 30.000 personas privadas de su libertad, pero en las cárceles y alcaidías sólo hay «espacio» para unas 25.000. Otros 5.000 detenidos están alojados en comisarías, muchas veces hacinados y en condiciones sanitarias deficientes, según se reconoce oficialmente.
Frente a esto, la Provincia ha dispuesto un plan de construcción de cárceles y alcaidías, en cuyo marco se prevé que para octubre se crearán 5.388 plazas más.
A fin de mes estaría habilitado el penal de Urdampilleta, en el partido de Bolívar, para 700 internos y están previstas obras en San Martín, Campana y Varela. Y se harán alcaidías, para unos 350 presos cada una, en San Martín, San Isidro, La Plata, Mar del Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Junín.
En el plan del gobierno nacional no figura Pergamino para la construcción de una alcaiia y esto enojo a las autoridades municipales.
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