Según trascendió la madre del joven habría visto las lesiones leves presuntamente causadas por el funcionario y luego de que la víctima relatara los acontecimientos se presentó en la comisaría de Colón acompañada por abogado. La madre denunció al funcionario municipal por apremios ilegales en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves.
El menor de 17 años habría sido revisado por el médico de policía cons tatándose las lesiones leves que según se relató en la denuncia podría haber sido producida cuando el menor fue golpeado contra una camioneta.
La denuncia
Según se pudo saber, en la denuncia presentada por apremios ilegales consta que el menor de 17 años se encontraba con otro de 16 años en un bar de calle 21 entre 46 y 47. Un patrullero se habría detenido en el lugar y “ lo habrían” acusado de hurtar una bicicleta. Los menores al oír un ruido como de percutor de arma de fuego se asustaron y salieron corriendo.
El joven de 17 años –según sus dichos- recorrió la cortada Severo Sosa, cruzó frente a la remisería y salió por la cortada a calle 46, enfilando nuevamente hacia calle 21 y por esta calle caminando en contramano hacia 45.
En este momento llega un auto y se baja del mismo el Secretario de Seguridad, -según relatos del menor- le recrimina y lo habría tomado de los pelos.
Ambos caminan por calle 45 y 20, y doblan por 20 hacia el centro. En este lugar el funcionario lo habría golpeado contra una camioneta que estaba en el lugar. En forma posterior llega un patrullero que habría esposado al menor y lo habría llevado a la comisaría. El apremio ilegal se debe probar mediante testigos. Por ahora, existe lesiones leves.
Otros casos
Cabe destacar que estaría por salir la causa judicial (podría ir a juicio oral) por apremios ilegales donde estarían involucrado varios policías que cumplían funciones en la Comisaría de Colón. El caso sucedió durante una fiesta en el gimnasio de la Ex Escuela Nacional “Hugo Jordan”.
Un hombre con domicilio en calle 42 y 15, se habría apersonado al lugar de la fiesta para quejarse por los ruidos molestos a las cuatro de la mañana y habría sido duramente golpeado. En forma inmediata presentó la denuncia.
También en diciembre de 2003, una docena de adolescentes fue llevado a la Comisaría y hubo acusaciones cruzadas por la responsabilidad de quien había dado la orden de arrestar a los menores.
La justicia
Algunos Organismos internacionales como Amnistía Internacional estableció entre sus motivos de preocupación la práctica reiterada por parte los funcionarios judiciales de tratar el crimen de tortura como un tipo penal de menor gravedad, por ejemplo apremios ilegales, que se sanciona con penas inferiores, cuando en realidad merecerían la calificación de tortura.
El Comité recomendó que «el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para impedir los actos de tortura y malos tratos que se cometan en el territorio del Estado de Argentina», señalando 19 recomendaciones específicas que incluyen que el Estado de Argentina:
*Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura y malos tratos; realizando investigaciones prontas, imparciales y exhaustivas; enjuiciando y, de ser el caso, condenando a los autores de torturas y tratos inhumanos imponiendo sentencias apropiadas e indemnizando adecuadamente a las víctimas;
* Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, asegurando una aplicación uniforme de la Convención en todo del territorio del Estado Parte. El Comité recordó al Estado Parte que «la responsabilidad internacional del Estado incumbe al Estado nacional aunque las violaciones hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales»;
* Organice un registro nacional que recopile información de los tribunales nacionales sobre los casos de tortura y malos tratos;
* Garantice, como fue asegurado por la delegación del Estado Parte, para el caso de la provincia de Buenos Aires, la prohibición inmediata de retención de menores en dependencias policiales; el traslado a centros especiales de los menores y la prohibición del personal policial de realizar detenciones de menores por «motivos asistenciales» en todo el territorio nacional;
* Adopte medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales en los establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente y garantizar debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;
* Adopte medidas eficaces para asegurar que todos los denunciantes de actos de tortura o malos tratos sean protegidos de la intimidación y de cualquier consecuencia desfavorable a raíz de su denuncia;
* Presente en su próximo informe periódico informaciones detalladas y estadísticas, especialmente por tipo de delito, edad, etnia y sexo de la víctima y categoría del autor de la infracción, sobre las denuncias por actos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado. Presentando también información sobre las investigaciones, procesos y sanciones penales y disciplinarias relativos a esas denuncias y las consecuencias para las víctimas en términos de reparación e indemnización;
* Establezca y promueva un mecanismo efectivo dentro del sistema penitenciario para recibir e investigar denuncias de violencia sexual y proveer de protección y asistencia psicológica y medica a las víctimas;
* Divulgue ampliamente a través de los sitios web oficiales, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, los informes presentados por el Estado Parte al Comité, así como las conclusiones y recomendaciones adoptadas;
*Presente su próximo informe periódico, a más tardar, el de 25 de junio de 2008, fecha prevista para la entrega del sexto informe, en cuyo texto consolidará los informes quinto y sexto.
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