Situaciones similares y el temor constante a perder la vivienda atraviesan casi un millón de familias que son deudores hipotecarios en el país, de los cuales 500 mil habitan en la provincia de Buenos Aires, que por distintas razones -en su mayoría desocupación- no pudieron seguir pagando sus créditos.
En diciembre pasado la Legislatura provincial sancionó la ley 13.302 que suspendió por 180 días las ejecuciones hipotecarias de inmuebles únicos cuyo monto sea inferior a los 90 mil pesos y por 360 días para quienes estén desocupados.
Esa ley fue festejada por los deudores ya que alivia su situación por unos meses, sin embargo, saben que no es una solución definitiva a sus problemas y por eso se realizó en La Plata el Primer Congreso Provincial en Defensa de la Vivienda Familiar.
En Colón no se conoce números exactos pero serían cuatrocientas las viviendas que estarían hipotecadas.
La geografía
Ricardo Feldheim, representante de los deudores de la provincia de Buenos Aires nucleados en ADEVIFRA -una asociación formada por damnificados-, señaló: «Recorremos la Provincia para que la gente nos conozca, para que se una en la lucha, porque vemos con sorpresa que son miles los afectados por esa situación: sólo en Dolores hay casi 3.000 y en La Plata más de 20.000 personas.»
El titular de esa entidad dijo que «nos reunimos para buscar soluciones en conjunto y ahora celebramos la ley sancionada por la Legislatura de la Provincia que nos da un respiro para buscar alternativas y para recordarle a los bancos que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional».
Feldheim dijo que las autoridades de la Cámara de Diputados le manifestaron su compromiso de crear por ley un registro de deudores hipotecarios de vivienda única, antes de que finalice la vigencia de la ley que suspende las ejecuciones hipotecarias.
«La idea de la entidad es que un organismo oficial idóneo analice y recalcule los créditos hipotecarios garantizando a todos no pagar más del 25 por ciento de sus salarios. Hay casos en que una persona sacó 50 mil pesos y el banco quiere que le devuelvan 160 mil, en cuotas de 1.000, y para eso el deudor debería cobrar al menos 4.000 pesos», ejemplificó.
María Inés Lorenzini tiene 41 años y vive en Ensenada. Recuerda: «Compramos la casa en 1998, estaba valuada en 30 mil pesos y pagábamos un crédito a 10 años de casi 700 pesos. Mi marido se quedó sin trabajo y con lo que yo hago, apenas vivimos...», dice al borde de las lágrimas.
Situaciones similares se repiten. «La crisis de 2000 fue el detonante por un lado, y por el otro, la gran estafa que es el Banco Hipotecario», asegura Feldeheim, quien pide a los deudores que no bajen los brazos: «Hay que pelearla unidos, de lo contrario nos van a sacar lo poco que tenemos».
En suspenso
Desde el 19 de enero último, los juicios por ejecuciones hipotecarias de propiedades que, en cada caso, sean vivienda única y familiar del deudor, quedaron suspendidos por 180 días en la provincia de Buenos Aires.
La medida alcanza a las unidades cuya cotización fiscal no supere los 90 mil pesos aunque, en caso de que el propietario esté deso cupado, la suspensión del remate será por un año. Esta medida beneficia a 500 mil deudores hipotecarios de toda la provincia de Buenos Aires.
Los damnificados, nucleados en la Asociación en Defensa de la Vivienda (Adevifra), se movilizaron en reiteradas oportunidades a la Legislatura bonaerense e impulsaron la redacción del proyecto que pasó con éxito por las dos Cámaras de la Provincia, con el voto de oficialistas y opositores.
En seis artículos, la iniciativa del diputado peronista Alfredo Antonuccio suspende cualquier instancia de un juicio que comprometa la vivienda familiar de un deudor hipotecario por los próximos 180 días. Con esto, beneficia a los que están peleando por ingresar en la Ley Nacional 25.798 de salvataje de morosos que, por ahora, es muy estricta y deja afuera muchas circunstancias particulares.
Los integrantes de la sucursal local de Adevifra explicaron que las condiciones actuales de ingreso al Fideicomiso (que subsidia el pago de la deuda) son exigentes en cuanto a la fecha que comprende -deudores desde 2001 a 2003- y los montos. Excluye, por ejemplo a las unidades productivas que sirven de sustento al hogar familiar.
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