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03/02/2005
Salud

Hepatitis “A” y la discusión por la vacuna


En la provincia de Buenos Aires la epidemia de hepatitis A se inició en febrero de 2003 y llegó a su pico máximo a mediados del año pasado, cuando la cartera sanitaria bonaerense tuvo que salir a vacunar de urgencia en varios partidos del conurbano -como Florencio Varela y Berazategui-, para evitar la expansión de esta enfermedad que produce la inflamación del hígado y que, en algunos casos, puede ser fatal o derivar en transplantes hepáticos.


La normativa establece que, para que la vacuna que previene la hepatitis se incorpore al calendario obligatorio de vacunación, es preciso que se registre una tasa de incidencia igual a 20 por 100 mil habitantes. «La cifra más baja que tuvo la Argentina en los últimos 15 años es 33 por 100 mil, por lo tanto es una vacuna fuera de discusión, el nivel técnico no tiene dudas: tiene que ser gratuita, estar en el calendario, lo único que falta es decisión política y asignación de recursos», asegura Silvia González Ayala, titular de la Cátedra de Infectología de la Falcutad de Medicina de la UNLP.(Univ. Nac. de La Plata.) La aseveración de la especialista queda corroborada con los datos que se desprenden de las otras epidemias de hepatitis A que tuvo el país, donde las tasas de incidencia llegaron hasta los 140 por 100 mil habitantes.


Las últimas cifras oficiales publicadas por el ministerio de Salud de la provincia corresponden a los primeros nueve meses de 2003, año de inicio de la epidemia; en ese período se registraron 9.134 casos con una tasa de incidencia de 63,9 casos por 100 mil habitantes, es decir, 4.854 pacientes más que durante 2002.


El precio de venta en farmacia de la vacuna antihepatitis A ronda los 100 pesos, «el Estado la está pagando 16 dólares por dosis y la usa en control de brote en una sola dosis. Para incluirla en el calendario nacional deben darse dos dosis con un intervalo de entre seis y doce meses cada una», aclara González Ayala.

La prevención


El contagio de la enfermedad se contrae por el circuito ano-mano-boca, de modo que si un chico infectado va al baño, no se lava las manos y toca cualquier elemento que otro niño se lleva a la boca se produce la transmisión.


Las aguas contaminadas son una fuente permanente de contagio, por eso los mensajes preventivos oficiales apuntan al uso del agua corriente o a su potabilización con dos gotas de lavandina por litro.
En este sentido, Gonzá-lez Ayala dijo: «Tenemos el 60 por ciento de la población pobre, entonces es muy fácil decir ‘lávense las manos con agua y jabón’: vayamos a un asentamiento a ver dónde está el agua potable, y por otra parte es sabido e inevitable que los chicos tienen malos hábitos higiénicos».
Además, se trata de una enfermedad que cuando se da en los menores de tres años, sólo uno de cada 200 presenta síntomas -piel color amarilla, orina color bebida cola y materia fecal color macilla-.


Así, «como puede no haber indicios de la enfermedad el chico sigue yendo a la colonia, a la guardería o al jardín y contagia a los demás, por eso decimos que la hepatitis A tiene un potencial de expansión muy importante», aclara González Ayala y agrega que según la estadística «en el grupo de escolares primarios, se pone amarillo la mitad, o sea que por cada uno que tiene síntomas hay otro que está haciendo sus actividades habituales contagiando. Y recién entre los 9 y los 11 años el 70 por ciento tiene clínica, que es lo que pasa en los adolescentes y adultos.
Entonces cuando se detecta un caso sabemos que hay entre siete y diez más que están cursando la enfermedad sin manifestaciones».


En cuanto a las consecuencias de este tipo de hepatitis, uno de cada mil chicos infectados desarrolla una hepatitis fulminante, «ése es el que se muere o el que va a trasplante hepático, lo que le cuesta al Estado 70 mil dólares y deja al paciente con una sobrevida comprometida.
En su momento, cuando estábamos con la paridad uno a uno, con lo que salía un trasplante hepático poníamos un tanque de agua con tres kilómetros de cañerías», graficó Gónzalez Ayala la desproporción entre atender las consecuencias e imple- mentar medidas preventivas.



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