Mediante una resolución, firmada el 22 de diciembre del año pasado por Rodolfo Riesen, gerente de Recursos Humanos, la entidad bancaria del Estado bonaerense clarificó «institucio nalmente la situación de todos aquellos agentes que se encontraron afectados en el contexto de desaparición forzada, generada por la privación de la libertad personal seguida por la desaparición o por el fallecimiento de la víctima».Se trata de un conjunto de empleados que durante los años de la última dictadura dejaron de concurrir al trabajo porque cayeron víctimas de la represión, pero que en los documentos del Banco aparecían como inculpados de inasistencia injustificada.
Ahora, esos legajos personales serán corregidos, para que reflejen la condición de víctimas de los ex empleados desaparecidos.
Fuentes del Banco explicaron que se trata de un «trámite interno, administrativo, que busca regularizar la situación de estos empleados». También dijeron que la corrección de los legajos no se llevó a cabo antes porque primero hubo que certificar judicialmente la identidad de los empleados víctimas del terrorismo de estado.
En la resolución oficial se aclara también que en los casos en que la identidad correspondiente no pudo acreditarse por vía judicial, hay constancia de denuncias sobre los casos ante «a Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior o la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas».
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