La medida aspira a saldar una asignatura pendiente: la seguridad de los habitantes de las comunidades que por tener una ruta en su ejido urbano se vuelven altamente vulnerables. «Es imprescindible hacer correcciones legislativas que mantengan firme el objetivo de las leyes marco de disminución de accidentes», explicaron los autores de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.
En Colón llegaron numerosoas infracciones cometidas en los radares de Hughes y Venado Tuerto –entre otros- que causaron más de una queja y en algún casos presen tacion judiciales
Además, ratificaron que la norma propuesta también corrige y neutraliza «aquellas falencias, abusos o errores que -intencionados o no- generan rechazo en los ciudadanos a quienes la ley procura proteger». Para quienes impulsan la idea, el tratamiento del proyecto de ley hará converger los intereses de cada una de las partes del problema y es una clara señal hacia la sociedad que sufre los costos de las imprudencias.
Unos 70 mil muertos
en rutas
«En los últimos diez años se produjeron alrededor de un millón y medio de lesionados, ciento cincuenta mil discapacitados y 70 mil víctimas fatales en los accidentes registrados en las rutas argentinas», comentaron los legisladores.
El proyecto presentado prevé reducciones que alcanzan hasta el 80 por ciento de los valores incorporados en las leyes marco para las multas e incluye, para las notificaciones, normativas equiparables a las indicadas en el Código Fiscal de la Provincia. Además de asignar «suma importancia a la educación vial», destinando parte de los ingresos por multas a la creación de un fondo provincial que administrará el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Transporte y del Ministerio de Educación.
Evitar fines
recaudatorios
Los legisladores también explicaron que el proyecto de ley que impulsan es el resultado de un «concienzudo estudio de los problemas que presenta el actual sistema». Tal característica prevé que se establezcan normas claras que «impidan el eventual abuso de quienes efectúan el control a fin de evitar objetivos recaudatorios».
Se trata sobre todo de modificar conductas por parte de los conductores a la hora de respetar las leyes de tránsito, afirmaron.
En sus considerando, el proyecto destaca que «se encuentra demostrado que los controles de velocidad influyen de manera positiva en el comportamiento de los conductores».
En el mismo sentido asegura que la actual suspensión del sistema ha incentivado, por la impunidad supuesta, las acciones transgresoras de algunos conductores, aumentando los riesgos de pérdida de vidas y bienes.
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