El tema de los menores detenidos sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades bonaerenses. En noviembre, 122 chicos que estaban alojados en institutos de rehabilitación para adolescentes involucrados en causas penales y asistenciales, se fugaron.
Esto significa que de esos establecimientos tutelares, adonde los derivan los jueces de Menores, se escapan unos cinco chicos cada día.
Según datos de la Suprema Corte provincial estos episodios se registraron entre el 1º y el 26 de noviembre, mientras el Gobierno y la Justicia cruzaban acusaciones e intentaban eludir la responsabilidad por los casos de menores presos en comisarías.
Según las estadísticas oficiales, el número de evadidos en noviembre registró un aumento del 50% en relación con el promedio anual de 2003. Los datos de la Dirección de Asistencia Tutelar del Ministerio de Desarrollo Humano muestran que el año pasado hubo entre 80 y 85 fugas promedio, cada 30 días.
En Colón tuvimos varios menores internados en Institutos abiertos por orden de la Dra. Zulema Corona y que se evadieron. Incluso uno de los adolescentes se escapó tres veces y fue recapturado la misma cantidad de veces por los policías de Colón.
Los centros
La Provincia tiene 26 centros de internación para contener a los jóvenes involucrados en causas penales y 32 habilitados para tutelar los casos asistenciales (violencia familiar, abandono, adicciones, entre otros).
De los que están preparados para recibir menores que cometieron hechos considerados como delito, cuatro tienen régimen cerrado; dos son centros de admisión y 18 funcionan con régimen abierto. Más del 95% de las fugas se registran en institutos que no tienen controles de seguridad. El director de Asistencia Tutelar, Eric García, explicó que el año pasado sólo se fugaron 19 adolescentes de alguno de estos centros de máxima seguridad:
el Aráoz Alfaro (Abasto, en el partido de La Plata), El Dique (Ensenada), Almafuerte (Melchor Romero) y el Leopoldo Lugones (Azul). Estos lugares de internación tienen capacidad para 330 chicos. Además, la Provincia cuenta con otras 500 plazas con sistema abierto. Allí no se adoptan medidas rigurosas de control para evitar la fuga de los internados. García dio esta explicación: «El eje de nuestro trabajo no es impedir que los chicos escapen. El objetivo está sustentado en programas y actividades socio educativas para que puedan estar contenidos por el Estado».
En la Subsecretaría del Patronato de Menores (que pertenece a la Corte) recibieron hace 10 días un reclamo de la madre de un menor internado en régimen abierto a quien, cuando volvía del colegio, los encargados del instituto le preguntaban: «Querés entrar o te querés quedar afuera». Entonces, el chico —está involucrado en dos causas por robo calificado (Nº 11.189 y 11.211) y una por daño (11.321)— optaba por irse. El escrito lo envió la jueza Zulema Corona, de Pergamino.
El funcionario aclaró que se trata de menores involucrados en casos penales leves, como tentativa de hurto o de robo. Y que es el juez quien decide su internación en condiciones abiertas.
Allí, se permiten actividades educativas fuera del edificio y visitas a los familiares, siempre con autorización judicial. La situación de los chicos detenidos por delitos abrió una polémica entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.
Hace casi un mes tuvo como protagonistas al ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Cafiero quien denunció a 12 jueces de Menores porque enviaban a chicos con problemas asistenciales a las comisarías. Enseguida, respondió la Corte: el presidente del máximo tribunal, Eduardo De Lázzari reclamó el traslado de todos esos menores.Cuando comenzó el conflicto había casi 300 chicos que estaban en celdas policiales.
Ahora, se conocieron más de nuncias por irregularidades en el tratamiento de menores.
El juez Néstor Salas (de Azul) envió un escrito a la Corte donde detalla que los jóvenes alojados en el Leopoldo Lugones de esa ciudad «comen en las celdas y allí mismo realizan sus necesidades fisiológicas en un retrete con descarga manual». En ese lugar hubo alojados menores de nuestra ciudad.
También menciona que los internados no tienen espacios abiertos y que sólo pueden permanecer en los patios 50 minutos por día. »El modo y lugar en que se desarrolla el alojamiento en este instituto es incompatible con la protección integral del menor prevista en la legislación internacional y de derecho interno», aseguró el juez en su texto.
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