El motín originado en la madrugada del jueves 28 de octubre en la Comisaría 1º de Quilmes, en el que 3 adolescentes perdieron la vida luego de un incendio, desnudó una pelea hasta entonces solapada entre los jueces de menores y el ejecutivo bonaerense, que tiene como trágico telón de fondo a 12 mil chicos alojados en institutos de menores y más de 300 menores detenidos en comisarías ante la falta de espacio para alojarlos en otro lugar, pero también ante la falta de celeridad de muchos magistrados en dictar una resolución.
El ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Juan Pablo Cafiero, en cuya órbita reviste el Consejo del Menor de la Provincia de Buenos Aires, presentó una denuncia contra doce jueces de menores bonaerenses tal cual lo publicamos en el anterior número por presunto «mal desempeño de sus funciones» que, de ser comprobado por la correspondiente investigación judicial, derivaría en una posible destitución de los jueces.
La denuncia, que abarca a tribunales de menores de La Plata, Quilmes, Morón, Mar del Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Mercedes, pide investigar casos en los que no se respetó la edad de imputa bilidad (18 años), otros en los que menores con causas asistenciales (no penales, vinculadas con la pobreza) se encuentran detenidos en comisarías y un tercer grupo de chicos con causas penales alojados en establecimientos para chicos con problemas asistenciales.
El ministro Cafiero hizo la presentación judicial pocos días después que tanto la Suprema Corte como el ministerio de Seguridad dispusieron prohibir el alojamiento de menores en comisarías.
Endurecimiento
En medio del escándalo, hay dos situaciones que ninguno de los poderes puede disimular: por un lado, que el endurecimiento de las leyes operado en buena medida durante la fugaz gestión de Carlos Ruckauf, generó un caudal de encarcelamientos que no encuentra correlato en la capacidad para albergarlos.
Un mal común a todo el fuero penal, no sólo de menores. Por el otro, la puja hasta ahora trunca por sacar una nueva ley de minoridad antes de fin de año, que reemplace la actual ley de patronato.
La idea de la nueva norma que impulsa Cafiero es restringir el poder que los jueces tienen hoy sobre los chicos, y reemplazarlo por un régimen que haga foco en la contención social.
Es que de los 12 mil chicos alojados en institutos de menores en la provincia de Buenos Aires, 10.700 están judicializados pero por causas asistenciales, mientras que un 10 por ciento (1.300) lo está por causas penales, según se desprende de datos proporcionados por la cartera de Desarrollo Humano.
Entre esa mayoría de chicos internados claramente por cuestiones vinculadas con la pobreza y la marginación social, hay casos de daños de fugas de hogar, abuso sexual o algún hecho menor como daño o hurto.
Esos chicos son ingresados al sistema judicial, y raramente en esas condiciones consiguen una futura reinserción social.
Fuego cruzado
Sobre ese problema estructural sin resolver, se multiplican los cruces de acusaciones.
El ejecutivo le enrostra a los jueces falta de celeridad para expedirse en torno al cúmulo de causas, lo que contribuye a abarrotar cárceles con personas procesadas y sin condena.
Del total de 5 mil detenidos en comisarías bonaerenses, 330 eran, hasta este lunes, menores de edad. Fuentes gubernamentales aseguran que curiosamente ese número bajó a 210 chicos a partir del martes, una vez que el pedido de Cafiero a la Procuración de la Corte para investigar a varios jueces de menores, ya se había hecho efectivo.
En tanto, dos jueces de menores dijeron que el alojamiento en comisarías de chicos acusados de delitos se produce porque el Estado no provee los recursos necesarios para que puedan ser albergados en institutos especializados, donde usualmente no hay vacantes.
El régimen de minoridad bonaerense viene siendo desde hace años centro de un duro debate, durante el cual legisladores y funcionarios del ejecutivo no se han puesto de acuerdo en un ley que reemplace al decreto-ley 10.067, que fue establecido por la última dictadura militar.
De acuerdo con los especialistas, el principal problema del esquema de la ley de patronato es su marcado sesgo judicial, que tiende a tratar a los chicos con problemas sociales de la misma manera que a los delincuentes.
Así, por ejemplo, hoy los jueces de menores no pueden imputar por delitos a un menor de 16 años, pero pude disponer de su libertad -internarlos en institutos de menores-, por el tiempo que considere necesario. Además, como no va a juicio, el chico no tiene derecho a defensa.
Prohíben detenciones asistenciales
Una circular general de la Subsecretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires prohíbe a la Policía detener a menores de edad por razones asistenciales. Según el parte 10752, el organismo señala en el artículo 2º de la Resolución 1634 que “se prohíbe al personal policial realizar detenciones de menores que fueran motivadas por razones asistenciales, salvo aquellas que fueran dispuestas mediante orden escrita del juez competente”.
El artículo 3º de la medida, firmada por el titular del área, Martín Arias Duval, indica además que “aún mediando las circunstancias descriptas en el artículo anterior o cuando la detención se produjera con motivo de un ilícito, el personal policial deberá poner al menor inmediatamente a disposición del juez competente y derivarlo a dependencias que por ley estén destinadas para su alojamiento”.
La circular, del 29 de octubre último, incluye la Resolución 1623, adoptada por el ministro de Seguridad provincial, León Arslanián, que en su artículo 1º veda “el alojamiento de menores en dependencias policia- les, instruyéndose a los titulares de las mismas para el cumplimiento estricto” de la disposición.
“Las sedes policiales que mantengan alojados a menores bajo cualquier situación jurídica deberán gestionar ante los magistrados responsables de aquellos la correspondiente reubicación en dependencias adecuadas”.
La disputa casera
En la última reunión del Foro de Seguridad la discusión alcanzó la ciudad de Colón. El concejal Gerardo Soria acusó que la política de seguridad local solo pasaba por la detención de menores. El intendente Ricardo Casi se defendió “ahora me van acusar a mí de violar los derechos humanos que siempre los respeté”.
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