La intención oficial fue anunciada por el ministro de Economía provincial Gerardo Otero luego de la reunión que junto con otros responsables de las economías provinciales mantuvo con Roberto Lavagna.
Pero en principio, no parece de fácil concreción. De hecho, legisladores provinciales del radicalismo anticiparon que se van a oponer al proyecto cuando llegue al Senado y Diputados -la adhesión requiere la aprobación de una ley que seguramente será votada por la mayoría peronista-, pero se estima que las cerca de 40 comunas gobernadas por la UCR seguramente seguirán el mismo camino que los diputados y senadores de ese partido.
La Decisión
En rigor, la decisión bonaerense de sumar al compromiso con el gobierno nacional a las comunas, no es una intención que se diseñó en el ministerio de Economía provincial.
Es que la ley de Responsabilidad Fiscal contempla en su artículo 33 que los gobiernos provinciales «invitarán» a las comunas a sumarse, y «propondrán la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares» a lo establecido en el proyecto. Esta norma aprobada por el Congreso hace casi cuatro meses, establece que los gastos de las provincias no pueden aumentar por encima de lo que crezca el PBI nominal.
Pero permite ante un crecimiento de los recursos por sobre el PBI nominal, aumentar la inversión. «Para el año que viene nuestro gasto puede crecer el 12,5 por ciento, y en realidad nadie puede pensar que van a subir más si no tenemos los recursos genuinos y no existe financiamiento», explicó Otero al fundamentar el apoyo de la Provincia a la ley.La otra cuestión central tiene que ver con el endeudamiento de las provincias.
Así, si el pago de intereses y de la amortización de las deudas significa un 15 por ciento de los recursos corrientes, los estados provinciales no podrán tomar endeudamientos, excepto con el gobierno nacional o con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. En el caso del estado bonaerense, esa relación está en el 16 ó 17 por ciento. Así, lo que se busca es evitar principalmente la emisión de títulos, que terminaron generando abultados pasivos.
Préstamos
Pero además, en el caso de la toma de préstamos de estos organismos internacionales, sólo podrán ser con destino a inversión pública, evitando así que tengan otros empleos difusos como la reforma del Estado.
En principio algunas de las pautas establecidas en la ley no son de aplicación a las comunas. De ahí que el propio proyecto establezca que las provincias «propondrán la aplicación de principios similares» a los consignados en esta iniciativa.
De esta manera, se buscará que los parámetros globales de contención del gasto y menos endeudamiento también se apliquen en los municipios. Estas ideas deberán ser plasmadas en una ley que, se especula, podrían formar parte de la misma norma por la que la Provincia adherirá al régimen nacional.
La intención bonaerense ya encontró cuestionamientos.
«Vamos a votar en contra, porque esta ley agrede la autonomía financiera de la Provincia y limita el funcionamiento del Estado provincial.
Va a afectar inversiones en salud, educación y seguridad», aseguró el presidente del bloque de diputados radicales, Marcelo Elías.
Para Otero, en cambio, esta norma «no hace más que plasmar en un papel una realidad que las provincias vivimos, las pautas de cómo puede evolucionar el gasto y el límite de financiamiento». Y señaló que «no establece límites adicionales a los que la propia realidad nos fija».
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