Allí, Solá criticó la década de gobierno menemista por «fomentar la explotación de los trabajadores».
Felipe Solá firmó un decreto por el que emplea- dores que legalicen la situación de los trabajadores, recibirán por un año un monto equivalente a lo que percibía esa persona como plan social de la Provincia.
En un acto que contó con la participación de los líderes de la CGT, Hugo Moyano y Susana Rueda, el gobernador destacó la relación de la administración bonaerense con la gestión del presidente Néstor Kirchner, al remarcar que «no existe un proyecto provincial, hay un proyecto nacional: lo demás es una guerra política y una traición a nuestros votantes».
Asimismo, remarcó que «hay muchos trabajadores que están ilegales y que tienen un plan social de la Provincia y tienen miedo de denunciar que están trabajando y perder el plan», indicó, al tiempo que también señaló que «el empleador tiene miedo de blanquearlo porque no sabe si va a continuar con su actividad productiva. Estas desconfianzas hay que arreglarlas desde el gobierno ya».
Esta campaña general en materia de trabajo no registrado utilizará 150 inspectores divididos en siete grupos, que realizarán más de 9 mil inspecciones en los próximos 30 días.
Solá afirmó que la instrumentación de este plan no será «una caza de empresarios», pero advirtió que los empleadores deberán ponerse en regla en un plazo perentorio.
El gobernador anunció también el lanzamiento de una campaña higiénica y sanitaria, para lo cual, indicó, se realizará una zonificación del territorio bonaerense.
«Vamos a verificar el cumplimiento del tope de horas extras por trabajador porque aumentan los accidentes laborales, el trabajador con tal de tener un sueldo digno se banca cualquier cosa. Se banca horas de trabajo absurdas, jornadas extenuantes, condiciones peligrosas», enfatizó.
Por su parte, el titular de la cartera laboral bonaerense, Roberto Mouillerón aseguró que el programa busca transformar los planes provinciales de asistencia conocidos como «barrios bonaerenses» en trabajo genuino.
«Queremos eliminar los programas sociales para comenzar a imponer el empleo en blanco», aseguró, y agregó que «el desocupado dejaría de cobrar el Plan Barrios para pasar a ser un trabajador blanqueado al cabo de los 365 días. Si se mantuvo estable esa relación laboral, el Estado, que se habrá ahorrado el dinero de la asistencia, premiaría a esa empresa y a ese trabajador».
Esta campaña utilizará 150 inspectores divididos en siete grupos, que realizarán más de 9 mil inspecciones en los próximos 30 días.Como medida preliminar, el Ministerio de Trabajo ya envió 5 mil cartas invitando a empresas a regularizar relaciones de trabajo y prevé enviar un total de 20 mil antes de fin de año. A su vez, evaluadores médicos iniciarán su cruzada para detectar factores de riesgo que influyen en la salud de los trabajadores
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