Se trata del decreto 1502/04 -difundido el lunes último a través del Boletín Oficial- que fija la aceleración de los procesos llevados adelante por la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía en relación a los uniformados sospechados de irregularidades, juzgamientos que en ocasiones tardaban hasta tres años.
"La regulación en materia de faltas administrativas debe responder a princios de celeridad y a la observación de formalidades propias de su naturaleza, lo que nada tiene que ver con la duración extraordinaria actual", se indica en los considerandos del decreto.
Según fuentes gubernamentales, la disposición tiene un vértice fundamental que radica en permitir "reducir drásticamente la tramitación actual de los sumarios policiales más graves".
En rigor, el mandatario provincial reglamentó la Ley 13.204 que crea la nueva Auditoría General de Asuntos Internos, reemplazando a la antigua oficina encargada del contralor policial.
De esta manera, se sortearán los complejos pasos burocráticos que debía seguir un proceso en el organismo anterior. Ahora, en cambio, se eliminan pasos al unificar y simplificar la instrucción, investigación y la aplicación de sanciones.
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