La iniciativa incluye ámbitos de los tres poderes del Estado entes autárquicos descentralizados, mixtos, organismos de la Constitución y Banco de la Provincia de Buenos Aires y dispone que todo agente público que no cumpla con las normas establecidas, será sancionado con una multa que oscilará entre los 100 y 1000 pesos.
«El derecho a fumar de un ciudadano debe ceder ante el derecho a no fumar de otros, por elementales razones de salud y de higiene, comenzando sobre todo en un ámbito tan común a todos como es la administración pública», puntualiza el diputado justicialista Carlos Muñoz, autor de la iniciativa.
Los importes de las multas que se apliquen en cumplimiento de la presente ley serán depositados en una cuenta especial destinada a la financiación de programas médicos asis- tenciales que desarrollen entidades de bien público, cuyo objeto principal fuere la lucha contra el cáncer.
La legislación provincial tiende a limitar la posibilidad de fumar en determinados ámbitos, siguiendo así la corriente generalizada que se viene dando en todo el mundo y que restringe cada vez más a los fumadores, dado su carácter nocivo.
En este contexto, se ha dictado la Ley 10.600 que prohíbe fumar en transportes públicos de pasajeros, y la Ley 11.241, que hace lo propio en centros de salud.
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