Las iniciativas de Barbagelata se basan en un estudio realizado por la bioquímica Silvia Lenzken, que da cuenta que sectores de 15 provincias argentinas -entre las que figura Buenos Aires-, los niveles de arsénico en el agua que consume la población alcanzan valores que afectan negativamente la salud. En concreto, la legisladora explicó que se produce una enfermedad conocida como Hidro Arsenicismo Crónico Regional Endémico (HACER), a la que están expuestas 2 millones de personas en el país.
Ese mal tiene cuatro estadios, cada uno de los cuales indica un grado de gravedad mayor. Así, los primeros síntomas de la ingesta reiterada de agua con contenido elevado de arsénico suelen ser las afecciones en la piel. La situación se agrava si se tiene en cuanta que al menos 1 de cada 100 afectados por el HACER desarrollará cáncer, especialmente de piel, vejiga, riñón o pulmón.
Según Barbagelata, en el estudio de Lenzken se demuestra que en algunos lugares el agua brota de las canillas con niveles de arsénico que supera "en hasta 290 veces los valores de arsénico recomendados por la organización mundial de la salud, y 58 veces más que lo dispuesto por el Código Alimentario Nacional".
Una de las soluciones más comunes para este problema es la instalación de filtros que eliminen el exceso de arsénico, y que cuestan "entre 400 y 900 dólares", según explicó Barbagelata. Sin embargo, el arsénico sigue siendo un problema. La situación se explica, para la legisladora, por una combinación de negligencia con falta de decisión política para ejercer los controles necesarios.
"Yo me he enterado de provincias donde los filtros están comprados y listos para usarse, pero permanecen tirados en reparticiones públicas sin que nadie los instale", denunció la legisladora. Y contó que también se da el caso de que "los filtros se instalan, pero nadie les hace el mantenimiento necesario", por lo que terminan por volverse inútiles. Para Barbagelata, esto revela que "no hay decisión política de ejercer un control serio en este tema", tanto a nivel nacional como provincial.
Para empezar a ponerle un freno a la cuestión, Barbagelata presentó un pedido de informes a la cartera de Salud nacional, en el que requiere información detalladas sobre los programas que ese Ministerio tiene en marcha para vigilar y controlar el exceso de arsénico en el agua. Y también sobre las medidas tomadas para ayudar a sobrellevar el HACRE a los que ya lo han contraído. Las sospechas, claro, son que las iniciativas de Salud hasta ahora no han sido eficaces para controlar la situación.
Paralelamente, Barbagelata presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 982 de código Alimentario Argentino, con el objeto de bajar el límite máximo de arsénico permitido en el agua potable. Ahora, ese tope está en 0,05 miligramos por litro, pero la legisladora propone llevarlo a 0,01 miligramos, lo mismo que hizo recientemente Estados Unidos, uno de los países más adelantados en esta materia.
Ese límite es también el que sugiere la Organización panamericana de la Salud en esta materia. Una iniciativa parecida fue presentada en la Legislatura bonaerense por la diputada justicialista Mabel Díaz, quien pidió que se baje el nivel de arsénico en el agua que consumen los pobladores de Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó.
|
