La Red de Participación Ciudadana sostiene la elaboración progresiva de un banco de datos de políticos y funcionarios locales que permita a los ciudadanos conocer a aquellas personas encargadas de representarlos y administrar sus recursos públicos”.
El soporte técnico y la capacitación para alcanzar las metas fijadas lo brinda por convenio Poder Ciudadano.
En este sentido vale recordar que en las elecciones del 2003 se realizó en nuestra ciudad la primer experiencia piloto donde 13 de los 18 candidatos consultados contestaron a los requerimientos del cuestionario.
Los elementos concretos que se pedirían a cada candidato serían:
1- Datos Personales: Apellidos paterno y materno. Nombres. Fecha y lugar de nacimiento. Domicilio. CUIT-CUIL. Domicilio comercial, profesional o laboral. Teléfono. Estado civil. Apellidos y nombre del cónyuge. Cantidad de hijos.
2- Estudios cursados
3- Antecedentes laborales. Sector privado y sector público. Situación previsional (Activo-pasivo/sist. De reparto-AFJP). Existencia o no de familiares desempeñándose en la administración pública.
4- Actividades políticas e institucionales. Partido al que pertenece. Cargos partidarios que ocupó y ocupa. Organizaciones a las que pertenece y en las que participa (Sociales, deportivas, religiosas, culturales).
5- Situación patrimonial del grupo familiar: Ingreso total del grupo familiar conviviente. Detalles de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, créditos contraídos con entidades bancarias, financieras, mutuales o sociedades no comprendidas por la ley de entidades financieras. Inversiones bancarias, bursátiles a nivel local, nacional e internacional. Integración de sociedades comerciales. Bienes inmuebles urbanos y rurales del grupo familiar conviviente. Automóviles del grupo familiar conviviente en los últimos 5 años. Otros bienes muebles registrables y no registrables que por su valor incidan en su patrimonio. Monto total del patrimonio del grupo familiar conviviente.
6- Causas judiciales. Demandas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o Comunal o Empresas del Estado Nacional, Provincial, Municipal o Comunal o concesionarios en su contra. Demandas promovidas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal, o empresas del Estado o concesionarios. Procesos penales en contra. Intervención como parte en alguna otra causa judicial.
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